“El Gobierno no lo ha hecho, pero lo haría si en un momento tiene que hacerlo para que no compita con el gasto social”, afirmó durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda del Senado, en la que habló sobre la financiación del Plan de Seguridad y Defensa.

Bruselas instó a los países miembro a aumentar su gasto en defensa y a su vez planteó la activación voluntaria de la cláusula de escape para ayudar a los países a cumplir con las reglas fiscales.

Montero explicó que, de esta forma, se permite que el gasto en defensa “no compita con el resto del gasto” en las restricciones presupuestarias de cada país. También agregó que su activación no es “ni buena ni mala” y la decisión del Ejecutivo dependerá de si lo precisa o no.

“Hasta ahora no lo hemos necesitado, porque esa partida ha procedido de las propias modificaciones presupuestarias y no tenemos necesidad”, comentó.

La ministra de Hacienda también insistió en que el Gobierno jamás ha dicho que el gasto en defensa no impactaría en el déficit, sino que “no subiría el déficit, ni en el endeudamiento ni en gasto social”, y aseguró que lo ha conseguido. También agregó que se han destinado 12 millones de euros para el gasto en defensa y 120.000 millones para el gasto social desde 2017.

“La situación y la coyuntura invita al Gobierno a reforzar nuestra seguridad, no es solo bombas y tanques, es ciberseguridad”, puntualizó.

Asimismo, la ministra de Hacienda garantizó que España destinará un 2,1% del PIB anual al gasto en defensa y seguridad, como se comprometió el Gobierno en la Cumbre de La Haya el pasado verano.

Ese porcentaje le hizo enzarzarse con el PP en esta Comisión, y les afeó sus críticas por el posible impacto en el déficit al tiempo que defienden llegar al 5% que la OTAN y Estados Unidos exigen a España.

Montero instó al PP a aclarar su postura sobre el gasto en defensa y le recordó que su partido nunca llegó al 2% comprometido por Mariano Rajoy. “Cuando llegamos al Gobierno, estaba en el 0,9% del PIB y hemos ido incrementándolo de forma progresiva”, les reprochó.

La vicepresidenta primera también cargó contra el PP por hacer “seguidismo” de los planteamientos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y les acusó de querer que España “baje la cabeza y haga sin discutir” lo que dice Trump, incluida la utilización de las bases militares de Rota y Morón para atacar a Irán en “una guerra ilegal”.

“Estamos decididos a mantener una posición que está siendo referencia en el resto del mundo en la condena a una guerra ilegal. No vamos a permitir la utilización de las bases militares. Exigimos que se ejecute el convenio de utilización de las bases como está, que requiere autorización del Gobierno”, defendió Montero.

PLAN DE SEGURIDAD Y DEFENSA

Montero detalló ante los senadores que el Plan d Seguridad y Defensa, presentado en abril de 2025, tenía como objetivo reforzar la seguridad y la defensa, la reindustrialización y dar un nuevo impulso tecnológico a la economía española, a la par que serviría para cumplir con los compromisos internacionales.

El Plan suponía una “inversión muy importante” de 10.470 millones de euros, adicionales a las partidas que España ya destinaba a seguridad y defensa.

La ministra de Hacienda detalló que, de esa cantidad, un 35% se destina a las mejoras de las condiciones laborales de la tropa y de la marinería. Otro 31% va a nuevas capacidades en telecomunicaciones y seguridad, y un 19% restante para la modernización de las capacidades de defensa y disuasión.

Un 17% va a la mejora de las capacidades duales de las Fuerzas Armadas y el 3% final para el despliegue en las misiones de paz.

En lo que respecta a la financiación del Plan, Montero dijo que procede del ahorro generado por el desempeño económico y el “acierto” de la política económica del Gobierno; por el empleo de crédito del Capítulo VIII de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), relativo a los activos financieros que ya no se requieren en este ejercicio presupuestario; y a la reasignación en modificaciones presupuestarias de partidas que ya se han ejecutado.

“Esta financiación del Plan tenía como premisa, y así se ha cumplido, no tocar ni un céntimo de euro del gasto social y tampoco que conllevara subidas impositivas ni un mayor grado de endeudamiento público”, recalcó Montero.

La ministra de Hacienda profundizó en que la financiación del Plan es posible gracias a un colchón de ahorro gracias a la reducción del pago de los intereses de la deuda, de 3.000 millones de euros. También con anualidad de aportaciones de la Unión Europea, por valor de 641,56 millones, o con la incorporación de créditos no ejecutados del organismo autónomo del Ministerio de Defensa, con 97,4 millones.

A eso se suman créditos ya ejecutados de ejercicios anteriores que no tienen anualidades comprometidas en los sucesivos ejercicios, con 1.744,8 millones de euros; un crédito por menor provisión del pago de sentencias por reclamaciones patrimoniales de 103 millones; o la generación de ingresos por servicios que presta el Ministerio de Defensa, por 632 millones.

Del mismo modo, se han conseguido recursos gracias a la menor necesidad del Fondo de Liquidez, al reintegro de préstamos concedido en ejercicios anteriores por el Ministerio de Industria, al Fondo de Contingencia y a reajustes en otros planes del Gobierno.