El servicio universal tiene como objetivo la protección de los usuarios de telecomunicaciones, ya que garantiza un conjunto de servicios a toda la ciudadanía, con independencia de su localización geográfica y a un precio asequible. Dichos servicios son, por un lado, los servicios de comunicaciones de voz a través de una conexión fija y, por otro, el acceso a internet de banda ancha con una velocidad mínima, en estos momentos 10 Mbit por segundo en sentido descendente.

El servicio universal también garantiza condiciones específicas para colectivos vulnerables y con discapacidad.

En la actualidad, el servicio universal se rige por el Real Decreto 424/2005, de 15 de abril y, aunque la Ley General de Telecomunicaciones de 2022 introdujo algunas novedades sobre el mismo, es necesario concretar algunos de sus elementos teniendo en cuenta la evolución tecnológica, económica y competitiva del mercado, según informa el ministerio en un comunicado. En este sentido, la propia ley prevé que, en función de esta evolución, se podrá modificar la velocidad mínima de acceso a internet de banda ancha.

Otra de las novedades que introdujo la Ley General de Telecomunicaciones de 2022 es que todos los operadores de telecomunicaciones deben ofrecer a los consumidores con rentas bajas o con discapacidad opciones de tarifas asequibles en condiciones transparentes, públicas y no discriminatorias.

La consulta pública estará abierta hasta el miércoles 3 de diciembre de 2025.