La información recabada permitirá definir aspectos como calendarios de apagado por operador y tecnología; planes de migración de servicios y dispositivos 2G y 3G a 4G y 5G; medidas de comunicación y acompañamiento a los usuarios o indicadores para monitorizar el proceso y garantizar la continuidad del 112, según informa el ministerio en un comunicado.

El objetivo es que el proceso garantice la protección del usuario, la coordinación territorial y la transparencia. Por este motivo, prevé la creación de un grupo de trabajo de seguimiento para coordinar la transición con operadores, y organismos sectoriales, así como con colectivos especialmente afectados.

La consulta, que estará abierta hasta el 20 de enero próximo, pregunta específicamente por la estrategia de comunicación prevista: plazos de preaviso, canales, mensajes tipo, campañas, atención a clientes. También sobre medidas específicas para dispositivos y servicios específicos (eCall, alarmas, ascensores, dispositivos de geolocalización…) y colectivos vulnerables como personas mayores, personas que dependen de teleasistencia, con discapacidad o con barrera idiomática y en zonas rurales.

Otros países europeos están inmersos en este proceso, ya que estas redes, implantadas hace más de dos décadas, están llegando al final de su ciclo tecnológico. Mantener activas estas tecnologías implica costes elevados, mayor consumo energético y limitaciones de capacidad y seguridad frente a las redes actuales.

Su apagado permitirá liberar espectro radioeléctrico principalmente en las bandas de 900 y 2100 MHz, que podrá reutilizarse para mejorar la cobertura y capacidad de 4G y 5G, ofreciendo más velocidad, fiabilidad y eficiencia energética. De esta manera, España contará con una infraestructura digital más moderna, eficiente y sostenible.