Sánchez hizo este anuncio en su discurso con motivo de la inauguración de las jornadas que organiza el Círculo de Economía de Cataluña. En esa comunidad autónoma y en un evento de corte empresarial organizado por el Círculo que preside Jaume Guardiola, quien fuera consejero delegado del Banco Sabadell hasta 2020, Sánchez se refirió a la opa, que el pasado miércoles completó un paso más al ser autorizada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) con una serie de compromisos por parte de BBVA.

El presidente del Gobierno repasó precisamente que Competencia autorizó la opa, si bien detectó “algunos excesos de concentración” en medios de pago, en depósitos, en créditos a particulares y en pequeñas y medianas empresas, para los que fijó compromisos a aplicar durante tres años y en el caso del crédito a las pymes pueden prorrogarse dos años más.

“Es bien conocido que el procedimiento establecido en nuestra normativa fija ahora en el Ejecutivo, en el Gobierno de España, en un plazo de 15 días hábiles decidir si la operación se eleva al Consejo de Ministros, que podrá valorarla teniendo en cuenta el criterio del interés general”, recordó, y en ese punto anunció que, para tomar una decisión “con todas las garantías”, se llevará a cabo la consulta pública. Sánchez defendió que el objetivo es "ayudar a que nuestras empresas crezcan, que ganen volumen, también competitividad, pero siempre y cuando eso beneficie al interés común del país y de sus ciudadanos".

El Banco Sabadell se había quejado de que no se hubiera permitido personarse en el expediente a la inmensa mayoría de organizaciones que lo habían pedido y que estaban en contra de la operación y varias de ellas decidieron interponer recursos judiciales por este motivo. La entidad catalana había expresado en varias ocasiones que la opa cuenta con una oposición “social”, de asociaciones empresariales y sindicales y partidos de distinto color, y había pedido atender al "bien común". Además, cuando la CNMC autorizó la opa la semana pasada, el Sabadell resaltó que se ha opuesto durante el proceso de análisis a la metodología utilizada por considerar que “no permite conocer las consecuencias” de la concentración para las pymes clientes.

Con esta consulta, el Gobierno podría dar voz a esas organizaciones. El Ejecutivo dispone de esos 15 días hábiles y una vez que decida elevarla a Consejo de Ministros, tiene un plazo de un mes para resolver autorizando la operación “con o sin condiciones”, como recoge la Ley de Defensa de la Competencia. No podrá prohibirla, pero sí podría imponer condiciones suficientemente costosas para disuadir a BBVA.

El presidente de BBVA, Carlos Torres, ya dijo en marzo que la operación “sigue siendo atractiva” aunque pueda no haber fusión legal de las dos entidades, porque “la mayor parte de las sinergias se conseguirían”.

Cuando la CNMC autorizó el expediente, Torres valoró que los compromisos fijados “favorecen la inclusión financiera, la cohesión territorial y el crédito a pymes y autónomos, y preservan la competencia, especialmente en los territorios en los que tendremos mayor presencia, como Cataluña”. Destacó que la fusión con el Sabadell, que daría lugar a la segunda entidad en España por volumen de crédito por detrás de CaixaBank, es “un proyecto de crecimiento” con el que aumentará la capacidad de financiación en 5.000 millones adicionales al año.