Así lo trasladó la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde indicó que se activa “la maquinaria” para la subida de pensiones, lo que es “una prioridad para este Gobierno”.

Tras ello, explicó que en diciembre se aprobará la norma con rango de ley con la cantidad exacta que se incrementarán estas prestaciones. Además, negó electoralismo con el hecho de que se inicien los trámites en noviembre ante las elecciones y argumentó que “hemos hecho lo mismo que el año pasado”. Incidió en que el dato exacto no se sabrá hasta que se sepa la inflación de noviembre pero manifestó que se situará en una horquilla que oscilará entre el 3% y el 4%.

Desde la reforma de pensiones de la pasada legislatura, pactada en parte con los sindicatos y la CEOE, las pensiones crecen cada año con la media de la inflación de los meses de diciembre a noviembre.

Por otra parte, la ministra informó de que se presentó al Consejo de Ministros un informe sobre el estado de las pensiones, en el que se refleja que la pensión media de jubilación ha aumentado un 44,5% entre 2018 y 2026, hasta situarse en 1.576,10 euros mensuales en septiembre de este año, frente a los 1.090,70 euros registrados al inicio del periodo. Esta evolución responde, según el balance del Gobierno, a las sucesivas revalorizaciones de las prestaciones y a la mejora de los salarios durante los últimos ocho años.

El incremento ha sido especialmente significativo en las pensiones más bajas. Las pensiones mínimas contributivas de jubilación han experimentado subidas de entre el 43% y el 69%, mientras que las prestaciones no contributivas han aumentado un 65%. En concreto, la pensión mínima de jubilación para mayores de 65 años con cónyuge a cargo alcanza los 1.256,60 euros mensuales en 2026, frente a los 810,60 euros de 2018. Por su parte, las pensiones no contributivas se sitúan en 628,80 euros, frente a los 380,10 euros de hace ocho años.

El balance de las reformas también refleja un cambio en las modalidades de acceso a la jubilación. La proporción de jubilaciones ordinarias sobre el total ha pasado del 50,9% en 2016 al 57,4% en el periodo comprendido entre enero y septiembre de 2026. En sentido contrario, las jubilaciones anticipadas han reducido su peso desde el 44,5% hasta el 31,1%. Las jubilaciones demoradas, por su parte, han aumentado del 4,4% al 11,5%, impulsadas por los incentivos económicos para prolongar la vida laboral.

Este cambio se ha traducido en un aumento de la edad efectiva de jubilación, que ha alcanzado los 65,4 años en 2026, frente a los 64,1 años de 2016.

En el ámbito de la sostenibilidad financiera, el Gobierno destaca el crecimiento de las cotizaciones sociales, que aumentarán un 7,6% en 2026 y representarán el 10,7% del PIB. Esta evolución está vinculada al dinamismo del mercado laboral y al incremento de la afiliación a la Seguridad Social, que superó los 22,6 millones de ocupados en octubre, con 22.624.165 afiliados. Se trata de 3,6 millones más que en el mismo mes de 2018.

La mejora del empleo también ha elevado la relación entre cotizantes y pensionistas. Esta ratio se sitúa en 2,51 trabajadores por cada pensionista en 2026, frente a los 2,28 de 2018, lo que supone su mejor registro de los últimos 15 años, según los datos del Gobierno.

Otro de los elementos destacados es la recuperación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, conocido como la ‘hucha de las pensiones’. Las aportaciones procedentes del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), vigente desde 2023, están permitiendo incrementar sus recursos para afrontar el incremento del gasto asociado a la jubilación de la generación del ‘baby boom’. El objetivo es disponer de mayores recursos a partir de 2033 y mantener las aportaciones hasta 2050.

En su alocución, Saiz detalló que el Fondo de Reserva acabará 2026 con casi 20.000 millones, lo que contrasta con el “deficitario estado” en el que se encontraba antes de la gestión del Gobierno actual.

Por otro lado, el documento incorpora las proyecciones demográficas de Eurostat, que sitúan a España como el país de la Unión Europea con mayor crecimiento relativo de población previsto entre 2025 y 2050, con un incremento del 157,3% respecto a las anteriores proyecciones. El Gobierno considera que esta evolución demográfica constituye otro factor favorable para la sostenibilidad futura del sistema público de pensiones.

La ministra también puso el foco en la reducción de la brecha de género, en la reforma del sistema de cotizaciones de autónomos para adecuarlo a los ingresos reales y en que España no es una “excepción” en lo que a transferencias del Estado a la Seguridad Social se refiere.

Según la ministra, las cotizaciones sociales financian, aproximadamente, el 65% del gasto en pensiones de jubilación, dos puntos por encima de la media europea. Junto a todo ello, mostró su satisfacción por el hecho de que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) haya evaluado positivamente la marcha del sistema y no haya habido que adoptar medidas adicionales.

Finalmente, reconoció que el gasto en pensiones se situará, de media, en el 14% del PIB hasta 2050, lo que calificó de “asumible” y por debajo de otros países europeos de referencia como Francia o Italia.