Según informaron ambos ministerios, esta colaboración se materializa con la firma de una propuesta política acordada por ambas partes en Oporto, donde se celebra el Segundo Foro Social organizado por el Gobierno portugués y la Comisión Europea.

En el texto, suscrito por los dos países que presidirán el Consejo de la UE durante los dos próximos semestre, se recogen diferentes puntos, entre los que destaca la introducción de un Protocolo de Progreso Social en los Tratados de la Unión Europea o la promoción de una Carta de Derechos Laborales de las Personas Trabajadoras.

Asimismo, el documento contempla reforzar la dimensión social de la gobernanza económica europea con la adopción e implementación de un nuevo Marco de Convergencia Social para corregir desequilibrios sociales. También promueve la adopción de acciones orientadas a reforzar el acceso de todos a una protección social adecuada, al diálogo social, a la negociación colectiva verde, a la democracia en el trabajo y a explorar todas las vías para incentivar la Economía Social.

Se enfatiza además la necesidad de una aproximación global a la salud mental que incluya el estrés, el burnout y la inestabilidad laboral.

Con ello, España y Bélgica quieren hacer realidad una de las propuestas que surgió en la Conferencia Sobre el Futuro de Europa celebrada en mayo de 2022, donde se pidió tomar medidas para proteger los derechos sociales en caso de que entren en conflicto con las libertades económicas. Con ese fin se propone incorporar a los Tratados de la Unión Europea un Protocolo de Progreso Social.

De hecho, para avanzar en la plena aplicación del Pilar Social de Derechos Sociales ambos países consideran necesario aprovechar la exitosa experiencia del programa SURE, un mecanismo surgido durante la pandemia que se focalizó en proteger el empleo ofreciendo apoyo financiero a mecanismos de conservación de los puestos de trabajo. La idea ahora es instalar un instrumento estructural de características similares que respalde las transiciones ecológica y digital en el mundo laboral, protegiendo el trabajo decente y evitando recortes sociales y laborales.

INVERSIÓN SOCIAL E INGRESO MÍNIMO

Por otro lado, el documento enfatiza la importancia de la inversión social, avanzando la necesidad de negociar un renovado marco fiscal que garantice la financiación adecuada de los sistemas de bienestar y los servicios públicos, y que proteja además la inversión social en momentos de crisis y de turbulencias económicas.

Para ello, propone desarrollar métricas que definan de manera tangible los retornos materiales y sociales de la inversión pública y que identifiquen aquellos que puedan tener un efecto multiplicador beneficioso en ahorros futuros para las cuentas públicas.

El texto también plantea la oportunidad de reforzar los sistemas de protección social de los Estados miembro, en especial en dos líneas. La primera es aumentar su cobertura y profundizando en la conexión de los mecanismos de ingreso mínimo con el mercado de trabajo a través de itinerarios de inclusión que permitan escalar las mejores prácticas y la segunda mejorar la suficiencia y transparencia de las prestaciones y subsidios de protección social para todos los trabajadores y autónomos.

Asimismo, se propone dar más pasos adelante a escala europea en materia de aprendizaje continuo, poniendo el foco en la infancia, en la economía de los cuidados y en las políticas educativas.

CONVERGENCIA SOCIAL

Paralelamente, el acuerdo incluye que el fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda no puede separarse de la necesidad de impulsar el crecimiento inclusivo a largo plazo y la lucha contra los desequilibrios sociales entre Estados miembro y en el interior de cada uno de ellos.

En este sentido, ambos Gobiernos han coincidido en la necesidad de impulsar una rápida adopción e implementación del nuevo Marco de Convergencia Social en el próximo semestre europeo basado en el Pilar Europeo de Derechos Sociales.

Este instrumento de evaluación anual permitirá un mejor seguimiento y evaluación de las políticas sociales que se aplican en el conjunto de los 27 países del bloque. España y Bélgica, impulsores de la iniciativa, están convencidos de que afianzará los derechos sociales y contribuirá a la convergencia social en Europa.

Por último, ambos países quieren reforzar el diálogo social para incentivar la democracia en el trabajo y contribuir a un desarrollo sostenible fomentando también la negociación colectiva verde, que permita afrontar la transición digital y ecológica sin pérdida de derechos para las personas trabajadoras.

En este mismo sentido, los dos países quieren adoptar una Carta de Derechos Laborales de las Personas Trabajadoras y consagrar una mayor participación democrática en el trabajo, así como la posibilidad de acordar convenios colectivos europeos, entre otros.