Así lo indicó en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo, que acordó que “el Gobierno promoverá reformas las legislativas necesarias” para que esas reparaciones económicas estén exentas de impuestos.

Con ello, el Gobierno da cumplimiento a una de las reivindicaciones que ha planteado la Iglesia española en el marco del acuerdo que rubricó la semana pasada con el Ministerio de Presidencia. En el marco de ese acuerdo se detalló que se modificará la ley con carácter retroactivo para que las indemnizaciones a víctimas de abusos en el seno de la Iglesia no tengan que pagar impuestos por esos importes percibidos, como ya ha ocurrido en algún caso en Cataluña. Con ello, estas víctimas tendrán un marco similar al de las víctimas del terrorismo.

En concreto, la Conferencia Episcopal, la Conferencia de Religiosos y el ministro Bolaños acordaron el pasado jueves que en el plazo de un mes rubricarán otro acuerdo con el Defensor para poner en marcha una vía a través de la oficina que dirige Ángel Gabilondo para la reparación de aquellas personas víctimas de abusos sexuales que no deseen acudir directamente a la Comisión Priva establecida por la Iglesia y que sea el Defensor el que medie por los afectados para acudir al Priva. Desde septiembre de 2024 esta comisión ha recibido 114 formularios y ha resuelto 61, con unas indemnizaciones propuestas que se acercan a los dos millones de euros.

VÍCTIMAS EN OTROS ÁMBITOS SOCIALES

Tras la firma del acuerdo, el Episcopado y los religiosos pusieron en valor que el acuerdo se basa en que también se inicie el camino que ha hecho la Iglesia para reparar e indemnizar a sus víctimas en otros ámbitos sociales y que las indemnizaciones estén exentas de tributación. Bolaños subrayó por su parte que, con esta nueva vía para las víctimas con mediación del Defensor, será el Estado quien establezca la reparación en caso de desacuerdo y que “todas las compensaciones serán abonadas por la Iglesia católica, el Estado no abonará ni un céntimo”.

Este martes, Bolaños insistió en que el Estado actúa “en toda su amplitud” y cumple las indicaciones que ha hecho el Defensor del Pueblo en materia de abusos en el ámbito eclesial. Para el ministro, la “estimación de 400.000 casos” (cifra que procede de un cálculo que el propio Ángel Gabilondo recomendó no extrapolar de su informe) no tuvieron “la respuesta adecuada”, pues los hechos “se han ocultado” y “encubierto”. A lo que el ministro añadió que hay “responsabilidades” de “muchos años” por parte de “otros responsables públicos que no hicieron nada”.

Con el reciente acuerdo, indicó el ministro de Justicia, habrá un sistema “mixto” entre Iglesia, Estado y víctimas, “donde el Defensor del Pueblo tendrá la responsabilidad última de hacer una propuesta de reparación concreta y adecuada”.