Las resoluciones, adoptadas tras el análisis de la Comisión Técnica de Expertos prevista en el Real Decreto 1040/25 que desarrolla la Ley 20/2022, de Memoria Democrática, afectan a siete vestigios franquistas que se encuentran en diferentes zonas de España, tal y como indica el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática en una nota.

Estas resoluciones consideran que no existen “razones artísticas o arquitectónicas suficientes que justifiquen el mantenimiento” de estos elementos y que mantienen “su condición de elemento de exaltación de la sublevación militar y de la dictadura franquista”.

En concreto, afectan al escudo franquista situado de la antigua Biblioteca Infantil de Abarán (Murcia); al Monumento a los Caídos, en Prioro (León); al escudo e inscripción de procedencia franquista, en el Monumento de la Inmaculada Concepción (Murcia); al Monumento a los Caídos, en Castrocontrigo (León); al Monumento a los Héroes del Simancas (Gijón); al Monumento a Carrero Blanco, en Santoña (Cantabria); y al Monumento a Onésimo Redondo, en Labajos (Segovia).

En virtud de estas resoluciones, que ya han sido notificadas, los titulares de estos vestigios tienen un plazo de seis meses para su retirada voluntaria, sin la posibilidad de volver a exponerlos de forma pública. En caso de incumplimiento, podrá iniciarse el procedimiento previsto en el artículo 37 de la Ley de Memoria Democrática.

Con estas actuaciones, ya son 13 los vestigios incorporados al catálogo. De este modo, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática continúa desarrollando las previsiones de la Ley de Memoria Democrática para garantizar que el espacio público sea “coherente con los valores constitucionales y los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”.