Energía

El Gobierno adjudica a Hunosa el acceso a la red eléctrica para conectar una central de biomasa

MADRID
SERVIMEDIA

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha publicado la resolución del concurso del nudo de transición justa de La Pereda 220 kV, en el Valle del Caudal (Asturias), en el que ha adjudicado 50 megavatios (MW) de conexión al proyecto de transformación de la central térmica a biomasa, promovido por Hunosa.

El concurso, impulsado por el Instituto para la Transición Justa (ITJ), ha seguido un procedimiento de concurrencia competitiva que prioriza aquellos proyectos que, minimizando la afección ambiental, maximizan los beneficios socioeconómicos locales para la zona compuesta por los municipios de Aller, Lena, Mieres, Morcín, Quirós, Ribera de Arriba, Riosa y Teverga.

Como resultado del concurso, Hunosa se compromete a crear y mantener un total de 1.565 empleos equivalentes a tiempo completo anualizados (ETC) a lo largo de, al menos, seis años. Esto supone una media de mantenimiento de 260 empleos en cada uno de los ejercicios, mediante la operación de la central, la creación de nuevos empleos en el sector forestal y la materialización de inversiones para apoyar a proyectos empresariales en la cuenca.

Hunosa también colaborará con la Universidad de Oviedo en actividades de I+D+i y ordenación forestal, así como impulsando actividades de economía circular en sus instalaciones de Batán Recovery.

La adjudicataria, además, se compromete a impartir programas de formación profesional para 2.169 residentes de la zona, con un total de 37.254 horas de formación. Igualmente, instalará 6.050 kilovatios (kW) de autoconsumo para viviendas y edificios municipales, en forma de redes de calor y autoconsumo eléctrico.

Por último, Hunosa se compromete a invertir en la cadena de valor de Asturias más de 41 millones de euros para el desarrollo de la central de biomasa, así como invertir casi 2,4 millones en actividades de economía circular y conservación, restauración y promoción de la biodiversidad y ecosistemas.

La adjudicataria ha depositado una garantía de seis millones para asegurar el cumplimiento de estos compromisos socioeconómicos, para lo cual dispone de un plazo de seis años, es decir, hasta un año después de la fecha límite para la obtención de la autorización administrativa de explotación definitiva, tras el cual el ITJ verificará su cumplimiento.

(SERVIMEDIA)
23 Sep 2025
JBM/gja