Fernández de la Vega explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que "los funcionarios tienen que cumplir las leyes que el Gobierno propone y que el Parlamento aprueba".

"El derecho a la objeción de conciencia no está referida al incumplimiento por parte de los funcionarios públicos de las normas que tienen carácer de ley y que con carácter general obligan a todo el mundo pero fundamentalmente a quien tiene ejercicio de función pública", dijo.

Fernández de la Vega evitó entrar en una polémica con la Iglesia católica por las manifestaciones de un cardenal que ha recomendado a los funcionarios españoles que, ante la inminente aprobación del matrimonio entre personas homosexuales, se nieguen a participar en ellos por motivos de conciencia.

La vicepresidenta recalcó que "el Gobierno no va a confrontar con la Iglesia católica" sino que va a seguir legislando para cumplir con los compromisos que ha adquirido con los votantes que les permitieron ganar las elecciones generales de 2004.

Además, defendió el matrimonio entre homosexuales porque "no restringe ningún derecho a nadie y no perjudica a ninguna familia" sino que permite que las personas del mismo sexo puedan "constituir su familia con arreglo al derecho canónico y civil si quieren".

Fernández de la Vega reiteró que el Gobierno quiere seguir manteniendo con el nuevo Papa Benedicto XVI las "relaciones históricas" que tradicionalmente han mantenido España y el Vaticano y confió en que esas relaciones se lleven a cabo "como hasta ahora lo ha sido en cumplimiento de los acuerdos con la Santa Sede". Finalmente, la vicepresidenta reconoció el derecho de la Iglesia católica a expresar sus opiniones "en su ámbito y territorio con absoluta libertad".