Así lo dijo en la clausura de la presentación en Cataluña del ya conocido informe del Consejo Económico y Social (CES) 'La realidad migratoria en España: prioridades para las políticas públicas', en Barcelona. La ministra subrayó el impacto positivo que está teniendo el proceso de regularización en Cataluña y agradeció la implicación de la Generalitat de Cataluña y de los ayuntamientos.

Saiz destacó medidas de la administración catalana como la creación de un portal específico de información, el refuerzo de la formación de profesionales y las iniciativas de integración lingüística y sociolaboral, además de una inversión adicional de 55,6 millones de euros para reforzar los servicios sociales locales.

Asimismo, insistió en que la regularización no debe verse como un punto final, sino como el inicio de un proceso más amplio. “El verdadero reto y también la verdadera oportunidad está en la integración”, afirmó, en línea con el informe del CES, que subraya tanto la riqueza que aportan las personas migrantes a España como los desafíos en convivencia y derechos que suponen su integración.

En este sentido, la portavoz recordó que su ministerio trabaja en la puesta en marcha de un plan de integración y ciudadanía que actuará como “hoja de ruta” para administraciones, agentes sociales y sociedad civil, para “fortalecer la convivencia, garantizar la igualdad de oportunidades y consolidar una sociedad más cohesionada”.

La ministra también alertó sobre el aumento de los discursos de odio y la desinformación en torno a la migración. Según datos del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe), en el primer trimestre de este año se registraron más de “1.100 mensajes de odio diarios”, una cifra que advierte que “no puede normalizarse”.

Finalmente, Saiz insistió en defender el modelo migratorio español como un “referente” internacional basado en una sociedad “abierta, diversa y plural” que apuesta por la convivencia y la igualdad de oportunidades, y apeló a avanzar hacia un país “más humano, abierto y dinámico” basado en políticas públicas sustentadas en la evidencia.