Según informaron fuentes de Migraciones, esta cuantía adicional se suma a los cerca de 40 millones ya aprobados por el Ejecutivo para acoger a unos 1.200 menores solicitantes de asilo tras los primeros autos del Tribunal Supremo en los que se lo requería.

La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, anunció esta ampliación de la declaración de emergencia en el marco de la reunión de todos los martes del Comité Interadministrativo de los Gobiernos de España y Canarias sobre los menores no acompañados solicitantes de protección internacional.

Tras esta reunión, el Gobierno también cifró en alrededor de 200 los menores migrantes que restan de integrar en el sistema de acogida estatal (SAPI) para dar cumplimiento al ultimo auto del Supremo, que establece como fecha limite el próximo 20 de noviembre para que el SAPI integre a todos los solicitantes de asilo que tiene acogidos Canarias.

Actualmente, ya se integraron un total de 551 menores y, así pues, Migraciones refrendó que el Gobierno cumplirá con el citado mandato del Tribunal Supremo. Del mismo modo, Cancela dio cuenta de estas cuestiones en la reunión con el Gobierno canario, así como de las previsiones para las próximas jornadas de los traslados de menores de centros canarios a los gestionados por el Ejecutivo central.

La ampliación de la declaración de emergencia autoriza la contratación, por el procedimiento de emergencia, de las actuaciones que faciliten el funcionamiento del operativo de la acogida de los menores y abordaje del contexto migratorio.

Entre esas actuaciones están, por ejemplo, el arrendamiento y, en su caso, obras, servicios de habilitación y mantenimiento de los espacios necesarios o centros para garantizar el alojamiento y la atención de los migrantes, y los servicios de transporte, traducción e interpretación y de suministros relacionados con la atención de sus necesidades básicas de alimentación, descanso, salubridad, seguridad, acompañamiento e información.