Así lo anunció el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, quien explicó que el Ejecutivo ha enviado una notificación a 13 grandes inmobiliarias y fondos de inversión que concentran más de 100.000 viviendas en alquiler en España para reforzar la aplicación de esta norma.

Bustinduy detalló que la actuación busca “aclarar y especificar las condiciones del decreto ley de vivienda”, que incluye “la prórroga obligatoria de todos los contratos de alquiler que venzan hasta final del año 27” y “el tope en el 2% de la actualización de las rentas de alquiler hasta entonces”. El ministro defendió que la medida pretende que “impere la claridad” y garantizar el derecho de “más de 2 millones de compatriotas a prorrogar sus contratos de alquiler y a ver cómo las actualizaciones de sus rentas están topadas”.

CAMPAÑAS DEL MIEDO

El titular de Derechos Sociales cargó contra las “campañas del miedo” impulsadas, a su juicio, por “lobbies inmobiliarios” y por quienes “tienen un interés en que esos contratos venzan y puedan multiplicar las rentas del alquiler”, con subidas que situó en “un 40, un 50, un 60%”. “Quiero animar a todas las personas cuyos contratos de alquiler venzan este año y el que viene a que soliciten la prórroga, a que se acojan a este derecho aprobado por el Gobierno de España”, afirmó.

Asimismo, expresó su “absoluta determinación” y su “convicción” de que, si los inquilinos “se movilizan” y solicitan la prórroga, el Ejecutivo logrará sacar adelante la convalidación de la norma en el Congreso de los Diputados.