Así lo indicó en la sede de su ministerio antes de presidir la reunión de la Conferencia Sectorial de Formación Profesional para trabajadores. El texto, que se hace público este lunes para recibir aportaciones de la ciudadanía, ya ha sido presentado, según dijo, a los agentes económicos, como CEOE, Cepyme, Escuelas Católicas y a “algunas comunidades autónomas”.

El proyecto recoge, explicó, “requisitos básicos comunes para centros privados de FP en todo el territorio”. “No va contra la FP privada, va a reforzar la calidad de los centros privados”, expuso. Los centros lo que no quieren es “competencia desleal” como está ocurriendo en universidades que hacen FP privada en comunidades como Madrid, denunció. También apuntó a la existencia de “fondos que vienen a lucrarse” con la Formación Profesional.

Milagros Tolón concretó que su aspiración es a que el texto esté aprobado “a final de año”, una vez que se hayan tenido los preceptivos informes de los ministerios implicados y del Consejo Escolar del Estado.

El proyecto de Real Decreto también acota el funcionamiento de la FP virtual, que la elimina, obligando a la semipresencialidad. Según el Gobierno, se impone una presencialidad de entre el 15 y el 39% en la formación virtual. “Es de sentido común”, zanjó la responsable de las políticas educativas.

Respecto a las ratios, se establecerá en 25 alumnos (50 en la virtual), aunque habrá un calendario de implantación a partir del curso 2028-2029, con un horizonte para que los centros se puedan adaptar a estas medidas de 2030.

La ministra apuntó también que la propuesta formativa podrá desarrollarse con un “itinerario virtual dentro de una familia profesional” o con una “oferta horizontal”, combinando ciclos de distintas familias profesionales relacionadas, “para una formación más amplia y polivalente”. Además, los centros tendrán que acreditar “desde el principio” que tienen empresas concertadas donde los alumnos podrán hacer sus prácticas, supuesto que tendrán que acreditar cada cuatro años.