Así lo anunció la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros en la que subrayó que se trata de una “decisión importante”.

“Pensemos que la situación en la que se encuentra el Mar Menor es un ejemplo de libro de lo que representa una acumulación de vertidos insostenibles durante décadas, procedentes de una actividad agraria sin límite en muchos casos, actividad minera, actividad ganadera pero también de vertidos procedentes de un área inmensamente urbanizada”, abundó.

La ministra subrayó que la población censada que se verá beneficiada por estas iniciativas de inversión son casi 180.000 personas, que llegan a duplicarse en vacaciones y son residentes en los ocho municipios ribereños, esto es San Javier, Los Alcázares, Cartagena, San Pedro del Pinatar, Fuente Álamo, Murcia, Torrepachego y La Unión.

Todos ellos tienen, a su juicio, “problemas importantes" en la gestión diaria de sus redes de saneamiento y "se ven desbordados en aquellos episodios en particular en los que se da lluvia torrencial e intensa”.

La cantidad que corresponde a cada municipio depende de criterios de proximidad y población y lleva implícita la obligación de terminar toda la inversión en un plazo máximo de 36 meses, según la ministra.

COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN

Ribera quiso destacar lo “importante” que es la “coordinación y cooperación” entre todas las administraciones, así como la “coherencia” en sus “decisiones y actuaciones” como administraciones en torno a un espacio en el que, dijo, "la única manera de poder trabajar con éxito consiste en respaldar ese empeño colectivo mostrado por los ciudadanos para evitar nuevas agresiones para restaurar un ecosistema tan maltratado”.

La ministra reconoció que se trata de un asunto por el que siente un “particular cariño” y que, a su juicio, “manifiesta el compromiso que este gobierno tiene con la protección, con la recuperación y la restauración ambiental del Mar Menor”, al que se refirió como un “maravilloso y singular espacio”, que, recordó, “ha vivido episodios enormemente duros”, como la sopa verde del año 2016 o el cuadro de anoxia de 2019 y que es una “prioridad” para el Ejecutivo, que “asumió” hace un año una “implicación particularmente importante”.

“Es quizá, el espacio que mayor atención, mayor dedicación y mayor presupuesto ha recibido, la iniciativa más importante de recuperación ambiental en la que se ha implicado un Gobierno de España nunca”, apostilló, para reconocer que este “espacio particularmente simbólico” vive “una situación enormemente preocupante" en la actualidad.

Por ello, defendió que, “tanto por la incidencia que tiene este ecosistema como por la necesidad de estar con aquellos vecinos que veían con inmensa preocupación un deterioro del Mar Menor que parecía llevarlo hacia una situación crítica de no recuperación”, entre noviembre de 2021 y marzo de 2022 su departamento ha trabajado en el marco de actuaciones prioritarias para recuperar el Mar Menor, que, a su entender, “representa el mayor esquema de actuaciones y de inversiones destinadas a la regeneración ambiental de un enclave concreto”.

Está englobado en diez grandes línea de actuación, que abarcan la restauración de la legalidad en el uso del agua, con más de 6.000 hectáreas de regadío ilegal que cuentan ya con resolución sancionadora y otras 1.500 hectáreas en tramitación. Además, el “trabajo intenso” en este marco ha permitido desmontar 215 desaladoras ilegales, 140 pozos ilegales, así como el trabajo en la restauración y renaturalización de la cuenca con soluciones basadas en la naturaleza y la construcción de un cinturón verde alrededor del Mar Menor.

RIESGOS DE INUNDACIÓN

Junto a ello, se refirió a la gestión del riesgo de inundaciones, la restauración de balsas mineras o instalaciones mineras abandonadas, la redefinición del dominio público marítimo terrestre, el impulso a la investigación, el conocimiento y monitorización de este espacio, la conservación de la biodiversidad y las especies que este mar interior albergaba, como la nacra o el caballito de mar.

Se trata de diez “grandes” líneas de actuación en las que el Gobierno ha “trabajado sin descanso”, lo que, según Ribera, ha permitido desde mayo de 2022 hasta ahora, tener comprometidos 82 millones de euros de los 484 que aparecen recogidos en un programa específico del Plan de Recuperación dedicado expresamente a la recuperación de ecosistemas y que, junto con el presupuesto ordinario, permiten disponer de esa cantidad total que el Gobierno pretende ejecutar entre el año 2021 y 2026.