La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que este anteproyecto implica la modificación de 18 normas, incluyendo seis leyes orgánicas.

Montero también detalló algunas de las modificaciones que supondrá este texto, como la creación de un registro de empresas con prohibición de contratar con la Administración, que sea público y accesible.

Asimismo, las empresas condenadas por prácticas corruptas tendrán penas de inhabilitación que pasarán de los 15 años actuales a 20 años, sin que tampoco puedan recibir subvenciones o beneficios fiscales.

La vicepresidenta primera también informó de que se endurecerá el control y la transparencia en la donación a partidos políticos y fundaciones, de manera que se reducirá el umbral el reduce umbral de la publicación de donaciones individualizadas de los 25.000 euros actuales a 2.500 euros. Además, se reducirá el plazo de informar en el transcurso de un mes.

Por otro lado, los partidos políticos estarán obligados a realizar auditorías independientes de sus cuentas y no hacerlo se considerará infracción grave o muy grave.

Montero apuntó que se endurecerá el régimen sancionador para partidos que no publiquen sus donaciones, “con una sanción equivalente al doble del importe de la donación no publicado”.

El anteproyecto también contempla la creación de la Agencia Independiente de Integridad Pública, para “aglutinar funciones que están dispersas”, y será la responsable de coordinar a España en la protección de los intereses financieros de la Unión Europea frente al fraude.

En el ámbito penal, el plazo de prescripción de delitos de corrupción se amplía de cinco a siete años, para dar más tiempo para investigar delitos complejos.

Por otro lado, se reforzará el papel de la Oficina de Recuperación de Activos y también la capacidad del Estado para embargar bienes desde el inicio de las investigaciones y recuperarlos antes de que los titulares los puedan ocultarlos.