Según este real decreto-ley, las instalaciones industriales o pesqueras que hayan sido inutilizadas como consecuencia del accidente podrán ser reparadas o repuestas con préstamos a un interés máximo del 8,5 por ciento TAE, mientras que el arreglo de las artes de pesca dañadas se podrá financiar por el Gobierno Civil de La Coruña.

Las personas y entidades dedicadas a la pesca, el marisqueo y la acuicultura que s hayan visto perjudicados tendrán una moratoria de tres meses en el pago de créditos y se beneficiarán de bonificaciones en las cuotas al Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar durante tres meses.

Por su parte, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) propondrá un acuerdo a las entidades financieras gallegas por el que pondrá a su disposición 1.000 millones de pesetas para la reparación o reposición de instalaciones industriales o pesqueras inutilizadas como consecuencia del iniestro.

Estos daños serán evaluados previamente por el Gobierno Civil de La Coruña mientras que el tipo de cesión del ICO a estas entidades será del 7 por ciento, con un margen máximo de intermediación de las mismas del 1,5 por ciento.

El Ministerio de Agricultura y Pesca, con cargo a sus presupuestos, cubrirá el quebranto que suponga para el ICO el diferencial entre el coste de mercado de la obtención de los recursos y el tipo citado del 7 por ciento TAE.

Por su parte, la Dirección Genera de Protección Civil aportará los medios económicos con los que el Gobierno Civil de La Coruña podrá financiar las artes de pesca y similares que hayan quedado dañadas o se dañen por el petróleo derramado en el mar y las costas al faenar en los periodos autorizados con posterioridad al siniestro.