La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que esta quita, acordada con ERC, “va a beneficiar a todas las comunidades autónomas del régimen común tengan o no deuda con el FLA (Fondo de Liquidez Autonómica)”, aunque en el caso de que no la tengan, como es la Comunidad de Madrid, que se financia en los mercados, será necesario el consentimiento previo de los acreedores para garantizar que no se incurra en impago y el Estado asumirá la posición deudora. Para las acogidas al FLA, se cancela o amortizan los saldos vivos empezando por los más antiguos hasta alcanzar el importe previsto para cada una.

Montero también destacó que la quita supondrá un ahorro en intereses aproximado de entre 6.600 y 6.800 millones de euros que podrán destinarse a política social y beneficiará más a las regiones que hayan subido el IRPF en la década anterior.

La ministra expuso que la cifra de condonación se ha calculado en base a la comparación entre el periodo 2010-2013 de la crisis financiera gobernada por el PP en el que “las comunidades autónomas estuvieron mal financiadas” y el periodo 2020-2023, gobernado por el Ejecutivo actual. Esa comparativa arroja 80.310 millones de deuda a condonar, pues en 2010-2013 el endeudamiento aumentó en 109.582 millones y entre 2020 y 2023 lo hizo en 29.272.

El 75% de esos 80.310 millones, es decir, 60.232 millones, se reparten siguiendo el criterio de población ajustada entre 2010 y 2022. En base a ello, la condonación media de todas las regiones se sitúa en el 19% de la deuda autonómica. Aquellas regiones cuya deuda a perdonar no llegue al 19% en el periodo, se le eleva para garantizar ese porcentaje, lo que añade 11.514 millones de condonación a los 60.232. A esto se suman posteriormente dos ajustes: se beneficia más a la comunidad cuya deuda por habitante quede por debajo de la media calculada en base a la población ajustada y a las que hayan aumentado el IRPF en dicho periodo. Esto suma 11.507 millones, hasta llegar a los 83.252 millones.

Montero afirmó que casi 60.000 millones, “siete de cada diez euros que se condonan benefician a territorios que están gobernados por el PP”, que “es falso que beneficie a Cataluña y perjudique al resto de España” y “ni sustituye ni frena la reforma del sistema de financiación”.

Así, resaltó que, en términos de volumen, Andalucía es la región más beneficiada con la quita de 18.791 millones, la Comunidad Valenciana es la más beneficiada en deuda por habitante con 2.284 euros y Canarias es las que ve traspasar el mayor porcentaje sobre su deuda, el 50%. En cuantía total, a Andalucía y Cataluña siguen Comunidad Valenciana (11.210) y Comunidad de Madrid (8.644). “¿Dónde está el agravio y el perjuicio para otras comunidades que está denunciando el señor Feijóo?” y “qué familia española va a decir que no a que alivie la carga de deuda que tiene su familia?”, se preguntó Montero para expresar incomprensión por la posición en contra del PP. Criticó que el principal partido de la oposición rechaza la quita “por puro interés partidista”.

Dado que se incluyen los dos ajustes para beneficiar más a las comunidades con peor financiación y las que han subido el IRPF, Montero consideró que está contemplada la propuesta de Sumar en el sentido de que no se condone deuda a las que bajen impuestos y se atienda especialmente a la Comunidad Valenciana, si bien Montero se mostró abierta a “sugerencias”.

La condonación será voluntaria y las comunidades que quieran acogerse a ella deberán firmar un convenio bilateral. Habrá un plazo “suficientemente amplio para animar a todo el mundo a que se apunte, pero acotado” para reordenar la deuda que asume el Tesoro.

La ministra resaltó que la medida se posibilita por “la buena marcha de la economía” y el cumplimiento de los objetivos de consolidación fiscal. “Estamos ante una medida histórica, excepcional”, que permitirá a las regiones “recuperar autonomía financiera y política” y acceder a los mercados financieros para aquellos que aún no pueden. La expectativa del Gobierno es que la norma se pueda aprobar en el primer trimestre del próximo año.