Así lo confirmó el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la rueda posterior al Consejo de Ministros, en la que quiso hacer hincapié en que se trata de "la mayor creación en la historia de la democracia de plazas de jueces y fiscales".

Según detalló, el primero de los reales decretos establece la creación de 500 plazas de jueces y magistrados, de las que 368 son para tribunales de instancia y 96 para órganos colegiados: las Audiencias Provinciales (76), los Tribunales Superiores de Justicia (9), el Tribunal Supremo (7) y la Audiencia Nacional (4). Otras 34 plazas más son de adscripción territorial, destinadas a un territorio pero movibles en función de los cambios en las cargas de trabajo, mientras que las dos últimas son para el Tribunal Central de Instancia.

Así, el ministro subrayó que la planta judicial se amplía, "de una tacada en un año", en un 8,5%, dejando claro que supera el número total de plazas de jueces y magistrados creadas en la última década.

INCORPORACIÓN GRADUAL

Eso sí, puntualizó que el CGPJ solicitó a Justicia que la entrada en funcionamiento de estas nuevas plazas de jueces y magistrados se hiciera de forma gradual, por lo que los primeros se incorporarán el 31 de diciembre de este año y serán los órganos colegiados. La segunda tanda de entrada en funcionamiento de las nuevas plazas judiciales creadas será el 1 de junio de 2027, en concreto para los tribunales de instancia que tengan sede en donde tengan a su vez capitalidad los Tribunales Superiores de Justicia y las Audiencias Provinciales. Y el tercer bloque de plazas entrará en funcionamiento el 1 de noviembre de 2027.

Por territorios, Justicia detalló que las comunidades más beneficiadas son las que presentan "mayores necesidades de refuerzos": Andalucía (95), Cataluña (91), Madrid (69) y Comunidad Valenciana (58). Porcentualmente, destacan Murcia y Canarias, con una ampliación del 11%, mientras que, por órdenes jurisdiccionales, el más reforzado es el civil, seguido del social.

IMPACTO DE LA LEY DE EFICIENCIA

En este sentido, Bolaños subrayó que esta creación de plazas es fruto de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia, que permite crear una plaza judicial por alrededor de 100.000 euros, lejos de los 500.000 que costaba crear un juzgado tradicional. Por ello, estas 500 plazas suponen una inversión de alrededor de 55 millones de euros, lo que con el modelo anterior hubiese supuesto unos 260 millones.

En cuanto a las 200 plazas de fiscales, aprobadas también por un real decreto, el ministro destacó que es "lo nunca visto en la historia de la democracia" y que se hace para "adaptar la plantilla de fiscales al incremento de la de jueces y magistrados", además de por la "elevada carga de trabajo que tiene la carrera fiscal en algunas áreas".

ÁREAS "RELEVANTES"

Estas se distribuirán entre todas las comunidades y órganos centrales y reforzarán áreas "especialmente relevantes y que afrontan nuevos desafíos", como las fiscalías de Sala contra los Delitos de Odio y Discriminación, de Trata de Personas y Extranjería y de Violencia sobre la Mujer.

También se reforzarán ámbitos como la Inspección Fiscal, la Cooperación Penal Internacional o la Criminalidad Informática. Además, se crea una plaza de Fiscal de Sala responsable de la Unidad de Protección de Datos. De este modo, la plantilla de la Carrera Fiscal aumenta un 7,1%, pasando de 2.804 efectivos a 3.004.

Por territorios, los más beneficiados son Andalucía, con 38 nuevas plazas (+7,4%); Cataluña, con 35 (+8%), y Madrid, con 32 (9,3%). Porcentualmente, la comunidad que más verá crecer su plantilla es Murcia, con 7 nuevos fiscales (+ 9,7%).