Así lo anunció el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, el primero del nuevo curso político una vez finalizadas las vacaciones del presidente del Gobierno en el Palacio de La Mareta en Lanzarote.

Marlaska explicó que el primero de los anteproyectos "articula una nueva ley de asilo", mientras que el segundo anteproyecto reforma la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, la denominada Ley de Extranjería.

"El objeto común de ambos textos es adecuar el marco jurídico español al Pacto Europeo sobre Migración y Asilo aprobado en abril y mayo de 2024 por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea", indicó. El titular del Interior hizo especial hincapié en que el pacto europeo "diseña un nuevo sistema de gestión común de la protección internacional" dejando en manos de los gobiernos nacionales la graduación de algunas de las medidas.

En el caso de España, añadió, para adoptar la hoja de ruta marcada por Bruselas se hace imprescindible llevar a cabo modificaciones legislativas y, por ello, el Ejecutivo impulsa ahora "la tramitación de una nueva ley reguladora de la protección internacional, así como una modificación parcial", aunque el Pacto Europeo de Migración y Asilo entró ya en vigor el pasado 12 de junio.

Marlaska explicó que el pacto comunitario se ha traducido en la aprobación de un paquete normativo compuesto por nueve reglamentos de aplicación directa y por la directiva de la Unión Europea 2024/1346 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de mayo de 2024, que fija las normas de acogida de los solicitantes de protección internacional. "Esta directiva debe ser transpuesta a nuestro ordenamiento jurídico, mientras que los nueve reglamentos son de aplicación directa", concretó.

Sobre los reglamentos de aplicación directa, indicó el titular del Interior, las "enormes diferencias en las realidades migratorias y de asilo de los estados miembros" hacen necesario que cada Ejecutivo concrete en sus legislaciones nacionales las medidas a adoptar. Esa circunstancia es la que da lugar a una ley de asilo de nuevo cuño.

LEY DE ASILO

La nueva norma tiene como principal objetivo agilizar el proceso de tramitación de las solicitudes de protección internacional, que según los datos facilitados por Interior han pasado de 3.000 en 2009 a 167.000 en 2024 y 144.000 en 2025.

Según indicó el ministro, el texto presta especial atención a las personas vulnerables, a los menores y "al mantenimiento de la unidad familiar". Entre las principales novedades incluidas en el anteproyecto de nueva ley de asilo se encuentra la creación de una figura de representante para los menores desamparados que soliciten protección internacional y "clarifica aspectos como la tutela, búsqueda de familiares y presunción de minoría de edad mientras se realiza la evaluación".

El reglamento fija también los plazos para realizar distintos procedimientos, reduciendo el plazo máximo de resolución de un expediente a tres meses. También incorpora el procedimiento de frontera previsto en el Reglamento (UE) 2024/1348 con un plazo máximo de 12 semanas, durante el cual el solicitante deberá permanecer en instalaciones policiales a disposición de las autoridades españolas, cautela que se aplica antes de que se autorice la entrada formal al país y facilita su retorno en caso de denegación de la protección internacional.

La norma también hace referencia a la realidad de colectivos objeto de persecución por su género o discapacidad. Además, amplía las medidas de integración y prevé atención específica para personas con necesidades especiales como menores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas o víctimas de tortura, violencia o trata.

Uno de los aspectos que también incluye los supuestos de "daños graves" que pueden justificar la "protección subsidiaria", incluidas las amenazas graves e individuales contra la vida o la integridad física de civiles en contextos de conflicto armado.

Según trasladó Interior, el anteproyecto ordena con más detalle cómo deben examinarse las solicitudes y regula con mayor precisión la acogida de las personas solicitantes, incluidas la atención a necesidades particulares, la escolarización de menores, la autorización para trabajar, la asistencia sanitaria, las condiciones materiales de acogida y su posible reducción o retirada en determinados supuestos.

RETORNO TRAS UNA RESOLUCIÓN DENEGATORIA

Otro aspecto relevante desarrollado en el texto es el que determinará los conceptos de primer país de asilo, tercer país seguro y país de origen seguro, que pueden influir en la admisión o en la forma de tramitar las solicitudes e introduce la posibilidad de integrar en la resolución denegatoria una decisión de retorno.

En este sentido, las nuevas normativas responden también a "la necesaria gestión de nuestras fronteras para garantizar la seguridad de nuestro país". Con la nueva de Ley de Asilo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez busca también simplificar el régimen de recursos al eliminar "el recurso administrativo previo".

Otro aspecto reseñable es que el anteproyecto incorpora el uso de medios electrónicos para la comunicación con las personas interesadas.

LEY DE EXTRANJERÍA

Respecto a la modificación de la Ley de Extranjería, el Gobierno pretende incorporar una figura de "triaje", "que es como denominamos al proceso de recoger de información de las personas extranjeras que cruzan nuestras fronteras sin haber sido sometidos a los controles fronterizos de entrada", explicó el ministro.

"Este control incluye un reconocimiento médico, un examen de vulnerabilidad, la identificación, la toma de datos biométricos, una inspección de seguridad y la derivación al procedimiento adecuado en cada uno de los supuestos", detalló. "El triaje es obligatorio para los estados miembros y aunque el Reglamento Europeo fija un plazo de hasta 7 días, en España seguirán siendo 72 horas prorrogables solo por decisión judicial para limitar al mínimo imprescindible el tiempo que el extranjero deba permanecer en las instalaciones policiales habilitadas para el triaje".

En este sentido, indicó Marlaska, "sobre el procedimiento fronterizo de retorno, la reforma que impulsamos incorpora los preceptos del Pacto Europeo sobre Migración que impiden la entrada en territorio nacional de aquellas personas que llegan de manera irregular a nuestras fronteras y no tienen derecho a protección internacional, procedimiento que tiene un plazo máximo de tramitación de 12 semanas". "Por último, los solicitantes de protección internacional que vean rechazada su posición recibirán una notificación junto a la denegación de entrada y la obligación de abandonar el país".

El anteproyecto recoge así el procedimiento fronterizo de retorno previsto en el Pacto Europeo de Migración y Asilo para agilizar el retorno de las personas extranjeras que llegan de manera irregular al país y no tienen derecho a protección internacional, retorno que tendrá que ser ejecutado en un plazo de 12 semanas.

La norma también determina que los solicitantes de protección internacional no tendrán derecho a obtener una autorización de residencia en caso de que esa persona "incurra en alguna de las figuras jurídicas que le harían acreedor de una denegación de entrada o de una orden de devolución".

Según indicó el titular de Interior, el Gobierno tiene intención de hablar "con todos los grupos parlamentarios" para que estas políticas de extranjería -"que son políticas de Estado", aseveró- "obtengan el mayor consenso político y social".