En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Rodríguez señaló que el texto ha sido impulsado por su departamento, pero “no exclusivamente” por este, y agradeció las aportaciones realizadas por grupos políticos, organizaciones sociales y expertos durante su elaboración.

La ministra destacó la relevancia política del acuerdo porque, a su juicio, permite “reconstruir” una mayoría parlamentaria alrededor de las medidas de vivienda. No obstante, pidió todavía “altura de miras y generosidad” a los grupos para garantizar su convalidación en el Congreso.

En este sentido, avanzó que el Gobierno pretende llevar el real decreto-ley a la Cámara Baja de forma “inminente” y señaló que la previsión es que se celebre un pleno extraordinario el próximo viernes para someterlo a convalidación.

Rodríguez reconoció que el Ejecutivo habría querido aprobar las medidas antes y atribuyó el retraso a la complejidad tanto de la materia como de la actual legislatura. Aseguró que para alcanzar el acuerdo ha sido necesario actuar con “inteligencia política”, “templanza” y “generosidad”.

DESAHUCIO DE MARICARMEN

La titular de Vivienda enmarcó además la aprobación del decreto en la reacción social provocada por el desahucio de Maricarmen la pasada semana y aseguró que este episodio ha “interpelado a todos”.

Calificó de “indignidad” que una persona mayor tenga que ser expulsada de su vivienda y defendió que el acuerdo alcanzado ofrece ahora “una oportunidad política” para impedir que se repitan situaciones similares.

“Lo que era lamentable es que una sociedad como la española estuviéramos permitiendo estos casos”, afirmó la ministra, quien sostuvo que España “no puede mirar hacia otro lado” ante estos desahucios. Rodríguez defendió que ya existía un “gran consenso social” alrededor de la necesidad de adoptar medidas frente a la crisis de vivienda, pero faltaba trasladarlo al ámbito político.

CONTENIDO DEL PRIMER DECRETO

La ministra explicó que el primer real decreto-ley se estructura en cuatro bloques, el primero de ellos destinado a reforzar la protección frente a los desahucios. En este ámbito, el Gobierno ampliará el denominado escudo social hasta el 31 de diciembre de 2030 y reforzará los mecanismos de las administraciones públicas para evitar desalojos de personas vulnerables.

Además, plantea paralizar temporalmente las compras especulativas de vivienda por parte de los denominados ‘fondos buitre’ y modificar la fiscalidad de las socimis para orientar su inversión hacia la vivienda asequible.

El segundo bloque aborda los usos que el Ejecutivo considera fraudulentos en el mercado del alquiler. El decreto regulará los contratos de temporada y por habitaciones para evitar que se utilicen para sortear las protecciones del alquiler residencial e impondrá un IVA del 10% a los pisos turísticos.

En tercer lugar, la norma incorpora medidas para reducir el esfuerzo económico destinado a la vivienda. Entre ellas figuran deducciones fiscales para inquilinos con ingresos inferiores a unos 33.000 euros, así como incentivos fiscales para los propietarios que moderen los alquileres.

Este bloque incluye también la puesta en marcha de ‘Tu Casa’, una nueva línea de préstamos públicos al 0% para facilitar la compra de la primera vivienda a familias que cuentan con ingresos para afrontar una hipoteca, pero que no han logrado reunir los ahorros necesarios para acceder a ella.

Finalmente, el cuarto bloque busca aumentar y proteger el parque de vivienda asequible. Rodríguez señaló que el decreto reforzará el modelo de Casa 47 y activará mecanismos para incorporar más inmuebles al parque público, además de reducir al tipo superreducido del 4% el IVA aplicado a la construcción de vivienda de promoción pública y vivienda protegida.

SEGUNDO DECRETO

El segundo real decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros está centrado en la renovación automática de los contratos de alquiler de vivienda habitual, una medida acordada por PSOE y Sumar con la que el Ejecutivo pretende dar mayor estabilidad a los inquilinos.

Rodríguez explicó que la medida contempla determinadas salvaguardas y se inspira en modelos existentes en otros países europeos, aunque reconoció que su aplicación requiere avanzar hacia un cambio del modelo de vivienda y acompañarlo de un parque público de alquiler más amplio.

En este sentido, puso como referencia Casa 47, donde los contratos de alquiler público pueden alcanzar hasta 75 años de vigencia. La ministra defendió extender esa estabilidad al mercado privado para que vivir de alquiler "no sea vivir en vilo" y permita a los inquilinos afrontar su futuro con mayor seguridad.

No obstante, admitió que este segundo decreto no ha podido negociarse con los grupos parlamentarios con "la dedicación, el tiempo y los debates" empleados para el primer texto, por lo que parte con mayores dificultades para reunir los apoyos necesarios para su convalidación en el Congreso.

SINDICATO DE INQUILINAS

Por otra parte, reconoció la labor de las organizaciones sociales y, en particular, del Sindicato de Inquilinas, recordó que varios representantes participaron en grupos de trabajo del departamento sobre la regulación del alquiler de temporada y señaló que actualmente forman parte del Consejo Asesor de Vivienda.

La titular del departamento de Vivienda destacó que el decreto aprobado este martes recoge parte de las reivindicaciones trasladadas por estas organizaciones y consideró que algunas de ellas cuentan con un “consenso social amplio” que, según afirmó, trasciende las preferencias políticas y alcanza tanto a votantes del PP como del PSOE.

“Todas aquellas entidades que trabajan para garantizar el derecho a una vivienda o asistir a aquellos que están sufriendo los problemas de vivienda tienen mi reconocimiento”, afirmó Rodríguez, quien agradeció su “trabajo diario” y la labor que desempeñan.