Según explicó el ministro de Economía, Rodrigo Rato, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, se trata además de adaptar el régimen jurídico español sobre servicios financieros a un mercado caracterizado por el uso de las nuevas tecnologías y por un futuro de integración de todos los mercados cmunitarios.

Para el titular de Economía, se trata de una "ambiciosa" revisión de la regulación financiera española, centrada en tres aspectos: dotar de instrumentos al mercado para que funcione mejor y ofrezca más oportunidades de negocio, proteger mejor a los inversores y dar a la pymes más posibilidades de financiación.

Dado que la normativa recoge aspectos surgidos durante la comisión parlamentaria del "caso Gescartera", se ha centrado en proteger al inversor y, para ello, se crea las figuras el defensor del ahorrador, del inversor y del asegurado y el partícipe en planes de pensiones, que trabajarán todos bajo una "ventanilla única" para facilitar las gestiones al ciudadano. Además, las empresas deberán tener departamentos de atención al cliente y un defensor del cliente, aunque esto no es obligatorio.

En cuanto al manejo de información privilegiada, se impondrán fuertes multas para los que incurran en este delito y, además, se podrá suspender la actividad de la sociedad que lo practique.Además, se extiende el requisito de honorabilidad, exigido a consejeros, directores generales y asimilados, a los apoderados que ejerzan representación en ámbitos propios de las actividades financieras.

Además, se amplía el control de la CNMV sobre las consultoras, para evitar casos como el de Enron, según puntualizó Rato, de manera que los servicios del órgano regulador tendrán acceso a los "papeles de trabajo" de las auditoras.

Respecto a la posibilidad de que la CNMV suprima la cotización a emresas cuyas auditorías tengan salvedades, Rato explicó que se debatirá su inclusión en la ley durante el trámite parlamentario. Finalmente, se incorporan medidas de publicidad para las sanciones, no sólo para las muy graves como ocurre actualmente.

EFICACIA

La nueva normativa integrará en uno lo siete sistemas de compensación y liquidación de valores que existen en España, de manera que se crea un régimen jurídico flexible que permita la creación de un futuro depositario central único.

Sobre laapertura de los mercados de valores españoles al exterior, se atribuye a la CNMV la competencia para autorizar la participación de sociedades que administren mercados secundarios oficiales españoles en sociedades que gestionen mercados secundarios fuera de España. Además, se podrá intercambiar información entre los órganos de control de los países comunitarios.

De otro lado, se propone flexibilizar el régimen jurídico aplicable a las cooperativas de crédito, con el objeto de hacerlas más competitivas n el conjunto del mercado de crédito. Para ello, se flexibiliza el régimen de participaciones en entidades no cooperativas y, en segundo lugar, se adoptan medidas tendentes a favorecer el acceso de estas entidades a nuevos canales de financiación, mediante mecanismos internos más ágiles.

Se suprime la Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras (CLEA), cuyas funciones, patrimonio y personal serán asumidos por el Consorcio de Compensación de Seguros. Esta integración permitirá aprovechar sinergias yahorrar costes de gestión.

Se crea una vía de refinanciación para las operaciones de préstamo por parte de las entidades de crédito a Administraciones Públicas, sobre todo, locales y regionales: las cédulas territoriales. Este nuevo valor, que con características similares existe ya en la legislación comparada, persigue que las entidades de crédito españolas dispongan de una vía de refinanciación de sus créditos frente a administraciones públicas.

Con la cesión de créditos con una Administración ública, se persigue facilitar que las Pyme que prestan servicios o suministros a las Administraciones Públicas se financien a través del "factoring", es decir, cediendo a entidades de crédito sus cuentas de clientes frente a dichas Administraciones.

Por último, se prevé que, tanto la Comisión, como el Banco de España aprueben sendos códigos de conducta que tengan por objeto contener las condiciones a las que deben ajustarse las inversiones financieras temporales que hagan, entre otras entidades, las fndaciones, establecimientos, instituciones y asociaciones sin ánimo de lucro, colegios profesionales, fondos de promoción de empleo, mutuas de seguros, mutualidades de previsión social, mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social.