En un comunicado, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa explicó que este proyecto de ley adapta la legislación española al marco europeo y actualiza áreas clave del sistema financiero para aprovechar las oportunidades de la digitalización sin renunciar a la protección de los usuarios ni a la estabilidad financiera.

En concreto, relanza el ‘sandbox’ financiero o espacio controlado de pruebas para aumentar su uso, su visibilidad y su seguridad.

Entre las novedades figura que las empresas podrán presentar sus proyectos en cualquier momento del año. También se reducen las cargas y los costes de participación —mediante declaraciones responsables, un canal directo con el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) y la exigencia de garantías financieras solo cuando resulte estrictamente necesario— y se habilitan cohortes temáticas.

SOBERANÍA EN LOS PAGOS

La nueva ley también aborda el ámbito de los pagos para introducir medidas de fomento de la competencia. Las entidades de pago y de dinero electrónico podrán acceder directamente a los sistemas de pago, sin necesidad de hacerlo a través de un banco, en línea con las modificaciones incorporadas a través del reglamento europeo de pagos inmediatos.

Al mismo tiempo, incorpora elementos de soberanía estratégica. Las adquisiciones que supongan el control de Iberpay —infraestructura crítica del sistema de pagos español— requerirán una autorización administrativa previa, que podrá denegarse cuando existan riesgos para su adecuada gestión.

La norma nombra también al Banco de España autoridad competente para supervisar el cumplimiento de la normativa europea de pagos (SEPA) por parte de las administraciones públicas.

CIBERSEGURIDAD Y CRIPTOACTIVOS

En cuanto a ciberseguridad, el proyecto de ley garantiza la correcta aplicación en España del reglamento DORA y establece un régimen de infracciones y sanciones para los incumplimientos. También refuerza la supervisión del Banco de España sobre determinados operadores de los sistemas de pagos (operadores, procesadores y esquemas de pago electrónico), incluyendo la selección y relación de estos con sus proveedores tecnológicos. Además, el Banco de España representará a España en el Foro de Supervisión europeo, donde los supervisores elaborarán posiciones conjuntas.

Igualmente, en aplicación del reglamento europeo de criptoactivos (MiCA), la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) asume la llevanza del registro de entidades autorizadas y también la supervisión de la publicidad de criptoactivos, pudiendo exigir que se modifique, se suspenda o se prohíba.

Por último, la ley transpone la directiva que conecta a España con el Punto de Acceso Único Europeo (ESAP), el repositorio que reunirá en un formato común y estandarizado la información financiera y no financiera que las empresas divulgan públicamente. Gestionado por la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA), estará operativo a partir de 2027 y facilitará el acceso de los inversores a esa información, impulsando la transparencia y la liquidez de los mercados de capitales.

Economía resumió que el objetivo de esta norma es tener “un sector financiero más competitivo y seguro, que aproveche las ventajas de la digitalización —mayor innovación, más competencia y menores costes— mitigando sus riesgos, como los ciberataques, o las posibles discontinuaciones de servicio por fallos tecnológicos”.