Según informaron a Servimedia fuentes gubernamentales, las dos normas fueron presentadas el pasado mes de julio por el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, en el Consejo Nacional de la Discapacidad.

La primera incluye multas entre 600 y un millón de euros para las empresas que discriminen a las personas con discapacidad, cumpliendo así la obligación de regular el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad.

Respecto al proyecto de Ley de Lengua de Signos y Comunicación Oral, constituye el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad auditiva.

Esta normativa persigue la transversalidad de las políticas en materia de lengua de signos española y medios de apoyo a la comunicación oral.

A partir de ahora, las actuaciones que desarrollen las Administraciones Públicas no se limitarán únicamente a planes, programas y acciones específicos, pensados exclusivamente para las personas sordas o con discapacidad auditiva y sordociegas usuarias de dichas modalidades lingüísticas o medios de apoyos, sino que han de comprender las políticas y líneas de acción de carácter general en cualquiera de los ámbitos de actuación pública, teniendo en cuenta las diversas necesidades y demandas de las personas usuarias de las mismas.