La reforma de la Ley del Suelo es una de las reivindicaciones históricas del sector inmobiliario y ha llegado a ver la luz -aunque no definitivamente- tanto con el Gobierno de Pedro Sánchez como con el Ejecutivo de Mariano Rajoy, por lo que ambos partidos podrían ponerse de acuerdo para aprobar la norma en el Congreso.

La ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, señaló en la rueda prensa posterior al Consejo de Ministros, que la norma busca “dotar de seguridad jurídica” en los planteamientos territoriales y urbanísticos y responde a una demanda “muy importante” trasladada por la Federación Española de Municipios y Provincias.

Ante las objeciones presentadas por Sumar, Alegría señaló que espera contar con un “amplio consenso” para aprobar la norma y afirmó que la “primera percepción” recibida por parte de la “gran mayoría de los grupos parlamentarios” es una “vocación" para ello. No obstante, recalcó que “ahora empieza su trámite en el Congreso y, por tanto, le corresponde a los grupos manifestar ahí su posición“.

En diciembre de 2022, el Consejo de Ministros aprobó por primera vez este texto y el objetivo era culminar la tramitación parlamentaria a lo largo de 2023. No obstante, la convocatoria de elecciones generales impidió la aprobación del texto final.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha indicado en distintos foros que espera “poder contar con el apoyo mayoritario de los grupos parlamentarios para dar la tranquilidad y seguridad que necesitan los planeamientos urbanísticos con el fin de atender la necesidad de vivienda en nuestro país”. El objetivo es “dotar de estabilidad, certeza y seguridad jurídica a los instrumentos de planificación urbanística y territorial” y "evitar que los errores formales" paralicen los planes urbanísticos.

La norma podría contar con el apoyo del PP, ya que a finales de mayo de 2018, el exministro de Fomento, Íñigo de la Serna, llegó a aprobar un anteproyecto que pretendía limitar a cuatro años el plazo para presentar denuncias contra los planes urbanísticos y dar un plazo de hasta un año y medio para que se subsanasen los errores denunciados mientras se mantenía en vigor el mismo.

Además, en su programa electoral para las pasadas elecciones generales, los populares prometían impulsar una ley de seguridad jurídica en materia de urbanismo que garantizase “la perdurabilidad de los planes urbanísticos cuando se impugnen cuestiones no estructurantes de los mismos”.

ANTEPROYECTO

En el anteproyecto de la norma, el Ejecutivo explica que “tanto en España como en otros países europeos" se ha detectado la problemática que plantea la “calificación inflexible de los vicios de los Reglamentos cuando estos se proyectan sobre los instrumentos de ordenación territorial y urbanística”, algo que provoca su “nulidad de pleno derecho por cualquier tipo de vicio procedimental, por insignificante que éste sea”.

Así, afirma que “se cuentan por decenas los instrumentos de ordenación territorial y urbanística que se han anulado y que continúan anulándose”, lo que genera “una amenaza grave para la seguridad jurídica, además de una paralización de la potestad planificadora de las Administraciones públicas que provoca efectos muy negativos sobre los intereses generales”.

La norma pretende tener un “impacto positivo en la economía nacional”, en la medida en que “dota de mayor seguridad jurídica a unos instrumentos de ordenación que resulta clave para el desenvolvimiento de cualquier actividad económica”. Resalta que este impacto es “más importante si cabe en este momento”, pues existe una necesidad de “asegurar el buen fin de los numerosos programas de inversión ya aprobados con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”.

En esta línea, la norma excluirá del silencio negativo a la construcción de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública, destinada al alquiler social, cuando sean promovidas por las Administraciones Públicas, sus entes dependientes o mediante fórmulas de colaboración público-privada.