Según indicó el ministro del ramo, Félix Bolaños, durante la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Gobierno, este modelo estará vigente un año con posibilidad de prorrogarse otro año más.

Esta oficina en el Ministerio de Justicia parte del acuerdo que el Ejecutivo rubricó con la Iglesia el pasado 8 de enero, que “derivó en un protocolo”, recordó Bolaños, que el 30 de marzo se firmó también con el Defensor del Pueblo. Ese protocolo, matizó el ministro, es el que entrará en vigor mañana, 15 de abril.

Según concretó Justicia en una nota, se trata de “un sistema mixto pionero en el que la Iglesia asume su responsabilidad, así como las reparaciones, que podrán ser simbólicas, restaurativas o económicas”. La Iglesia considera que se trata de una nueva vía de acceso a la Comisión Priva, que la Conferencia Episcopal y la Conferencia de Religiosos impulsaron para reparar casos de abusos que no puedan tener recorrido judicial. Ésta funciona desde febrero de 2025, y hasta mediados de marzo había recibido más de 130 solicitudes y las reparaciones propuestas (que no sólo son de tipo económico) alcanzaban los dos millones de euros.

El departamento de Bolaños explicó que las solicitudes recibidas se remitirán a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo, formada por especialistas y profesionales independientes, “que será la responsable de elaborar la propuesta de reparación”. “Si las partes la aceptan, será definitiva y la Iglesia deberá darle cumplimiento”, explicó el Gobierno, que detalló que, si hay discrepancias, “se convocará una Comisión Mixta con participación de todas las partes y las asociaciones de víctimas para tratar de llegar a un acuerdo. Si el consenso no fuese posible, el Defensor del Pueblo tendrá la última palabra, reafirmando un principio esencial: la primacía de las instituciones del Estado en la tutela de los derechos de las víctimas”.

La nueva oficina, adscrita al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, recibirá las solicitudes de reparación a través de su sede electrónica (‘www.mpr.gob.es’), “con todas las garantías de seguridad y privacidad”. Además, ofrecerá “orientación” a las víctimas vía correo electrónico (‘reparacion.abusosIC@mpr.es’) y por teléfono (91 837 22 95).

"La Iglesia asumirá el compromiso que ha firmado y es su voluntad", subrayó Bolaños a los periodistas, que preguntaron si el Gobierno obligará a la Iglesia a pagar las indemnizaciones. El responsable de Justicia expuso que la propia institución eclesial "ha asumido el coste de las indemnizaciones" y no sólo lo ha hecho desde el punto de vista económico, sino también para reparaciones psicológicas, morales y restaurativas.