Así lo trasladó la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Calviño defendió que el Gobierno trabaja en lo “urgente” sin dejar atrás “lo importante” y sostuvo que es su prioridad “proteger al conjunto de la ciudadanía, especialmente a la clase media y a las personas más vulnerables”. Además, señaló que con estas medidas se va a conseguir “aliviar” la carga hipotecaria de más de un millón de hogares, lo que suponen un tercio de las familias con hipotecas.

En concreto, con este paquete se adoptan medidas por tres vías: se mejora el tratamiento de las familias vulnerables en el actual Código de Buenas Prácticas, se adopta un nuevo marco temporal para familias en riesgo de vulnerabilidad por la subida de los tipos de interés y se facilita la amortización anticipada de los créditos y la conversión de las hipotecas a tipo fijo.

En concreto, las medidas de refuerzo del actual Código de Buenas Prácticas para deudores hipotecarios vulnerables, aprobado en 2012, consisten en que los deudores vulnerables tendrán la posibilidad de reestructurar el préstamo hipotecario con un tipo de interés más bajo durante la carencia del principal de cinco años (euríbor -0,1% frente al euríbor +0,25% actual).

Asimismo, se amplía a dos años el plazo para solicitar la dación en pago de la vivienda y se contempla la posibilidad de una segunda reestructuración, en caso necesario.

También se facilita el alquiler social de las viviendas en situación de riesgo de desahucio para que el plazo pueda ser de 12 meses en lugar de seis meses y se introduce la obligación de “garantizar la salvaguardia” de los derechos de los deudores hipotecarios en casos de venta de cesión de crédito, según detalló Calviño.

Con el objetivo de ampliar el ámbito de actuación, se permite que los hogares con renta inferior a 25.200 euros al año, es decir, tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), que dediquen más del 50% de su renta mensual al pago de la hipoteca pero no cumplan el criterio actual del incremento de un 50% del esfuerzo hipotecario, puedan acogerse al Código con una carencia de dos años, un tipo de interés menor durante la carencia y un alargamiento del plazo de hasta siete años.

Asimismo, se incluye un nuevo Código que proporcione alivio a los deudores de clase media en riesgo de vulnerabilidad por el incremento de la cuota hipotecaria. En este caso, podrán beneficiarse los hogares con renta inferior a tres veces y media el Iprem (29.400 euros anuales) con hipotecas suscritas hasta el 31 de diciembre de 2022, una carga hipotecaria superior al 30% de su renta y que haya subido al menos el 20%. Para todos estos casos, las entidades financieras deberán ofrecer la posibilidad de congelación durante 12 meses de la cuota, un tipo de interés menor sobre el principal aplazado y un alargamiento del plazo del préstamo de hasta siete años. Según Calviño, estas medidas dirigidas a la clase media podrán favorecer a unos 700.000 hogares para que “se puedan adaptar a este nuevo escenario de subida de tipos de interés”.

El paquete contiene también medidas generales, ya que se reducen más los gastos y comisiones para facilitar el cambio de tipo variable a tipo fijo y se eliminan durante todo 2023 las comisiones por amortización anticipada y cambio de hipoteca de tipo variable a fijo. Se recogen también medidas para la promoción de la educación financiera y se refuerza el seguimiento de la aplicación de ambos códigos. Los dos Códigos de Buenas Prácticas son de adhesión voluntaria por parte de las entidades financieras pero de obligado cumplimiento una vez suscritos.

Actualmente hay 3,7 millones de hipotecas referenciadas al euríbor. A esto hay que añadir que tres de cada cuatro hipotecas se conceden actualmente a tipo fijo, el plazo medio residual ha bajado hasta los 10 años en 2021 y el porcentaje de hogares que dedica más de un 40% de su renta disponible al pago de la hipoteca ha descendido en los últimos años.

A este respecto, la vicepresidenta primera explicó que no se adoptan estas medidas por “un riesgo macroeconómico”, ya que la situación del mercado hipotecario y financiero “es muy diferente” a 2007, antes de la crisis económica anterior.

También puso en valor que, en la actualidad, tres de cada cuatro hipotecas que se formalizan se hacen a tipo fijo, mientras que los hogares que destinan más de un 40% de su renta al pago de la hipoteca ha bajado en los últimos ejercicios. A su juicio, los hogares tienen una situación financiera “más saneada”, lo que refuerza la “fortaleza y la resistencia” de la economía española en este “contexto” de alza de tipos.