Esta situación obliga al Ejecutivo a extender un año más los últimos PGE que consiguió aprobar, tal y como establece el artículo 134 de la Constitución en lo referente a la prórroga.

A partir del 1 de enero, se considerarán automáticamente prorrogados las cuentas públicas del ejercicio anterior, que siguen datando de 2023 y elaborados, por tanto, en 2022.

El acuerdo aprobado este martes en el Consejo de Ministros también aludió al real decreto-ley del pasado 16 de septiembre, que regulaba aprobó Adenda DANA para responder a los daños provocados por esta catástrofe natural en 2024, como recordó el Ministerio de Hacienda en un comunicado

Esa adenda incorporaba un nuevo Componente 32 ‘Apoyo a la Recuperación y la Resiliencia en respuesta a los desastres naturales’, para reforzar la capacidad del país para hacer frente a fenómenos meteorológicos extremos y a crisis externas que afectan a la economía española.

De esta forma, se reorientaban 1.241 millones de euros del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (PRTR) hacia nuevas inversiones procedentes de partidas ya cumplidas o de ajustes derivados de la evolución del plan desde su aprobación en 2021.

Asimismo, el pasado 9 de diciembre de 2025, el Consejo de Ministros dio el visto bueno a una Adenda de Simplificación del PRTR para agilizar los procesos de verificación y optimizar el uso de los recursos disponibles de los fondos europeos antes de su finalización en agosto de 2026.

Para garantizar al máximo la absorción de los Fondos Next Generation, y de manera transitoria hasta la aprobación de los próximos PGE, Hacienda incluyó, como requisito previo al inicio de nuevos expedientes de gastos asociados a estos fondos, que los departamentos ministeriales y sus organismos adapten los créditos que tuvieran prorrogados a las necesidades asociadas al cumplimiento del Plan de Recuperación durante 2026.

INTENCIÓN DE PRESENTAR PGE

El Gobierno intentó avanzar con los presupuestos con la presentación en el Congreso de la senda de estabilidad, que la Cámara baja tumbó en dos ocasiones.

No obstante, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya avisó de que eso no sería impedimento para elaborar unas nuevas cuentas para 2026, solo que con unos objetivos de déficit más restrictivos y con menos recursos para las comunidades autónomas.

A pesar de las dificultades parlamentarias y de las tensiones con los socios de Gobierno y de investidura, el objetivo de Hacienda es seguir trabajando para presentar unos nuevos PGE a lo largo del primer trimestre de 2026.

En lo que respecta a los PGE, el Senado planteó este martes al Tribunal Constitucional un conflicto de atribuciones con el Gobierno por la no elaboración y remisión al Congreso del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2026, tras no recibir contestación a un requerimiento previo.