Así lo anunció el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que insistió en que se retirará cualquier vestigio que sea contrario a esta norma. Un catálogo este que ya anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado mes de octubre, apuntando que servirá para que sean retirados "de una vez por todas".

Según explicó Torres, en el real decreto se recogen "aportaciones" de las comunidades autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y los ministerios de Cultura y Transformación Digital y de la Función Pública. Además, confirmó que, una vez aprobado, el viernes, convocarán el Consejo Territorial para designar a las personas que formarán parte de dicha comisión técnica.

En concreto, el ministro detalló que "cualquier vestigio que sea susceptible de ser retirado puede ser solicitado por las administraciones públicas, por los particulares, por las asociaciones memorialistas o de cualquier otra índole", para lo cual se establece "un procedimiento administrativo reglado". Eso sí, dejó claro que ante los casos de símbolos "que tengan algún valor arquitectónico, Bien de Interés Cultural u otros, también se establecen los mecanismos".

"Si ese vestigio debe ser eliminado, debe ser eliminado y no puede ser mostrado en ningún caso y por tanto queda también fuera de lo que es su exposición pública", dijo tajante Torres, añadiendo que "cabe la resignificación" en aquellos vestigios "que tengan un valor determinado", haciendo hincapié en que deberá conocerse que dicho símbolo o bien "enaltecía una guerra de España o una dictadura posterior y ausencia de libertades".

Torres también detalló que, una vez formada la comisión, se reunirá de manera periódica cada 15 días, "actualizando el catálogo del conjunto del país para estos vestigios franquistas". En este sentido, aportó algunos "datos anecdóticos", como que había "unos 4.000 vestigios", muchos de los cuales han sido eliminados y otros están "en viviendas sociales, en edificios religiosos o de otras índoles", apuntando al respecto que hay hasta siete pueblos "que pueden tener denominaciones que tengan que ver con todo lo que fue la dictadura". "Indudablemente, con este catálogo serán eliminados".

BALANCE DE LA LEY

El ministro también confirmó que también habían presentado "un informe de estos tres años de la Ley de Memoria Democrática" desde su aprobación en octubre de 2022. Así, destacó la "voluntad expresada" a través de diferentes "leyes autonómicas de derogación de las leyes autonómicas previas que desarrollaban las mal llamadas leyes de concordia". Por ejemplo, recordó que así lo aprobó Aragón, la Comunidad Valenciana, Cantabria, Extremadura y que "también tuvieron esa voluntad Baleares y Castilla y León".

En este sentido, destaco que el Gobierno ha aprobado "dos planes cuatrienales para las exhumaciones", haciendo hincapié en que en 2019 "había unas 20.000 personas en fosas, cunetas y pozos susceptibles de ser recuperadas" y que, a día de hoy, "en estos años de Gobierno progresista se han podido recuperar la mitad". "Casi, 9.000 personas han sido exhumadas y vamos a continuar sin que quede nadie en ninguna fosa, cuneta o pozo que no pueda ser entregado a sus familiares".

En el caso particular del Valle de Cuelgamuros, explicó han recibido la solicitud de 206 familias y se han podido localizar 36 cajas con 458 restos de distintas personas, identificando y entregando a 31 víctimas a sus familias. Aquí, quiso dejar claro que el Gobierno y su ministerio continuarán "con todos estos trabajos".