El Consejo de Ministros aprobó esta martes un real decreto para reforzar el derecho a la tutela judicial efectiva a través del fortalecimiento del servicio de asistencia jurídica gratuita, ampliando los supuestos para la atención “inmediata” a víctimas del terrorismo, trata, violencia sexual o personas con discapacidad necesitadas de “especial protección", con “independencia de si tienen o no recursos para litigar”.