Así lo indicó la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que destacó que se trata de la mayor OEP “de la historia”.

En concreto, de las 34.151 plazas de la oferta ordinaria (un 12,2% superior a la de 2021), 25.471 corresponderán a la Administración del Estado y, de ellas, 15.800 serán de ingreso libre y 9.541 de promoción interna. Por otro lado, 4.992 plazas corresponderán a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (4.342 de ingreso libre y 650 de promoción interna); 1.951 a las fuerzas armadas; 1.737 a la Administración de Justicia (945 de ingreso libre y 792 para promoción interna) y 5 al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En cuanto a las 10.636 plazas para la estabilización de personal interino, 4.692 serán para la Administración del Estado y 5.945 para la Administración de Justicia.

A la OEP aprobada este martes, Montero añadió que se añaden las tasas de reposición ordinarias y de estabilización que se están desarrollando correspondientes al sector público empresarial y entes instrumentales, con 18.149 plazas que se encuentran en ejecución.

La titular de Hacienda resaltó que esta OEP supone “un paso más” en la “potenciación” de la Administración tras “los recortes que practicó el PP con la imposición de una tasa de reposición que ha impedido durante muchos años renovar al personal que se jubilaba”, generando “gran precariedad” en la Administración.

En este sentido, detalló que la OEP de 2022 casi duplica las plazas ofertadas en 2017 por el Gobierno de Mariano Rajoy en la última OEP que aprobó dicho Ejecutivo, y que en las cinco OEP aprobadas por los Gobiernos presididos por Pedro Sánchez se han aprobado 143.869 plazas, más del doble que las aprobadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en sus siete años de gobierno.

Junto a la OEP de 2022, el Consejo de Ministros también aprobó este martes el Plan de ahorro y eficiencia energética en la Administración, que contempla medidas como establecer tres días de teletrabajo a la semana o medidas de autoconsumo energético, y una Ley de Evaluación de políticas públicas cuyo objetivo es impulsar la “cultura de la evaluación continua” de las políticas públicas para fomentar la eficiencia en el uso de los recursos.