El Ejecutivo intentará así cumplir con los plazos y culminar la legislatura con unos presupuestos actualizados y acordes a la realidad económica del país. A pesar de todos estos años sin cuentas nuevas, el Gobierno ha defendido que España ha seguido creciendo y respondiendo a distintas crisis inflacionarias e impactos medioambientales, como la dana de Valencia.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, despidió el curso a finales de julio con la promesa de presentar los Presupuestos de 2027 y la voluntad de aprobarlo, si bien eso dependerá del apoyo de los grupos parlamentarios. El ministro de Hacienda, Arcadi España, recordó esta semana que el Ejecutivo prevé negociar el borrador de los presupuestos con las formaciones políticas a lo largo de septiembre, cuando se reinicie la actividad en el Congreso.

España apeló a la “responsabilidad” de los grupos políticos, que con su voto tendrán que decidir “si quieren un presupuesto” que reflejará las prioridades y necesidades de las comunidades autónomas. “Si están a favor de eso o están en contra. Esa es la pregunta que se tendrían que hacer”, concluyó en unas declaraciones ante los medios en Alicante.

El Gobierno ya está ultimando “un trabajo conjunto” para llegar a esos encuentros con un borrador de las cuentas públicas para el próximo ejercicio, como aseguró España. No obstante, antes de remitir las cuentas al Congreso para su tramitación parlamentaria, el Ejecutivo debe aprobarlas en el Consejo de Ministros.

UNAS CUENTAS “VICIADAS” PARA EL PP

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, avisó en julio de que el futuro proyecto de ley de los PGE 2027 estará “viciado” porque “viene con el incumplimiento de la ley” en los objetivos de estabilidad presupuestaria.

Bravo se refería con esas declaraciones al rechazo del Congreso, en dos ocasiones, de los objetivos de estabilidad. El Gobierno presentó la senda de déficit ante la Cámara Baja el 14 de julio y se encontró con 178 votos en contra, cinco abstenciones y 167 votos a favor. Una semana después llevó la misma propuesta y la respuesta parlamentaria fue la misma.

El PP denunció que el proceder del Ejecutivo “incumplía la ley”, porque en la segunda ocasión deberían haber presentado unos objetivos de déficit nuevos, mientras que Hacienda volvió a llevar los que habían decaído una semana antes. El Gobierno propuso en las dos ocasiones un déficit total de las administraciones públicas del 1,8% en 2027, con un 1,5% para la Administración Central, un 0,1% para las comunidades autónomas, un 0,2% para la Seguridad Social y estabilidad para las entidades locales.

Los objetivos de deuda pública se establecían en 2027 en el 97,6%; en el 96,4% en 2028; y en el 95,3% en 2029. La regla de gasto se situaba en el 4% en 2027; en el 3,8% en 2028, y en el 3,6% en 2029.

Bravo recordó que la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece que, si los objetivos de deuda son rechazados por las Cortes, el Gobierno deberá remitir unos nuevos en el plazo máximo de un mes y someterlos de nuevo a votación. “Tenían que haber traído unos nuevos y no lo han hecho”, reprochó al Gobierno.

Aunque el Congreso tumbó la senda de estabilidad, el Gobierno seguirá adelante con la presentación de los PGE, que tendrán unos objetivos más restrictivos, ya que se utilizarán los del Plan Fiscal Estructural a Medio Plazo (Pfemp) acordado con Bruselas. En ellos, se establece el equilibrio presupuestario para las comunidades autónomas, en lugar de ese margen de déficit del 0,1%.