Así lo indicó en respuesta a una pregunta en la Cámara Baja formulada por la diputada del Grupo Parlamentario Popular Ester Muñoz, tras la propuesta hace un par de semanas del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de que los preuniversitarios de toda España tengan un mismo modelo de examen para optar a una plaza en la educación superior.

La ministra acusó a la oposición de usar una “ristra de incoherencias” en esta cuestión, porque fue un gobierno ‘popular’ “quien la aprobó”. Según Alegría, el PP “lleva reclamando la Ebau única desde que reinaba Carolo”, pero “luego cuando gobierna con mayoría absoluta, no la aplican”. “¿Por qué?”, se preguntó la ministra para refrendar su postura: “Porque la normativa no se lo permite”.

“Ahora quieren una Ebau única sólo para las comunidades del PP. ¡Bravo!, aquí están los adalides del PP”, prosiguió la responsable de las política educativas del Gobierno, que también afeó que los gobiernos autonómicos de los ‘populares’ rehusasen participar en las pruebas piloto de la Ebau que el departamento de Alegría impulsó en 50 centros educativos de toda España.

“Dejen de marearnos con ocurrencias, hasta la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas han salido a enmendarles la plana”, continuó. “Pónganse a trabajar”, reclamó la ministra. Según ella, Feijóo no ha sido presidente “porque no ha querido, pero tampoco quiere ejercer una oposición responsable”.

CONTROL AL GOBIERNO

Antes, la diputada aseguró que la labor de la oposición no es dar “un masaje cálido” a los ministros, sino “hacer control al Gobierno”, y basó su pregunta en una encuesta de Sigma2 que concluye que el 81% de los preuniversitarios quieren un modelo común, “incluidos” los votantes de los partidos del Gobierno. Por ello, reclamó a Alegría que el refuerzo en comprensión lectora que ha anunciado para los colegios “también” llegue al Ministerio y afeó que desde el Ejecutivo, según los ‘populares’ consideren que “proponer una Ebau común es franquista”.

“¿No tiene un encaje legal?”, preguntó Muñoz, que aseveró que “ilegal es incumplir las sentencias que garantizan el 25% de castellano en Cataluña” y “robar dinero público”.