El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, anunció este miércoles que la Comunidad de Madrid presentará un recurso contencioso administrativo en la Audiencia Nacional contra la decisión del Gobierno que se recoge hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Según el Gobierno regional el expediente ya ha caducado porque ha pasado más de un año desde su incoación, el 16 de octubre de 2024 y hasta la publicación de la decisión. La Ley de Memoria Democrática afirma que el expediente para la declaración de un lugar de memoria democrática "se resolverá y notificará en el plazo máximo de doce meses desde la fecha de su incoación o desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación".

Fuentes del Ministerio explicaron a Servimedia que el argumento del consejero es "incorrecto" y que "el plazo se inicia con la fecha de la publicación de la incoación del expediente". En este caso, señalaron que el BOE publicó la incoación el 24 de octubre de 2024 y por tanto el plazo finalizaba este viernes.

Según pudo comprobar Servimedia, efectivamente, el BOE del 24 de octubre del año pasado recoge la "resolución de 16 de octubre de 2024, de la Dirección General de Atención a las Víctimas y Promoción de la Memoria Democrática, por la que se publica el Acuerdo de incoación del procedimiento de declaración de Lugar de Memoria Democrática la 'Extinta Dirección General de Seguridad franquista', sita en Madrid".

Añadieron que el "error" de Martín está en que se acoge al día en que la Secretaría de Estado de Memoria Democrática "lo firmó, que fue el 16 de octubre". "La declaración se ha publicado hoy 22 de octubre en el BOE; el expediente caducaba el viernes, 24 de octubre de 2025. Está dentro del plazo", zanjaron.

En cualquier caso, el consejero también señaló que en esta declaración hay una "invasión de competencias" porque se trata de un inmueble "que fue cedido a la Comunidad de Madrid" y que por tanto "solo compete a la legislación autonómica". "Nos compete a nosotros el mantenimiento, la conservación y las decisiones que sobre este edificio se puedan realizar", aseguró. También apuntó que el procedimiento "lesiona los intereses de esta institución".