Así lo garantizó la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, impulsora de ese plan, al ser preguntada por ello en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.

Aseguró que ese plan es "una hoja de ruta" para reforzar la protección de los ciudadanos y situar a España "en la vanguardia" de su defensa en el mundo, cuando se cumplen sesenta años de la Declaración Universal de Derechos Humanos y treinta de la Constitución Española.

Una de las 172 medidas contenidas en ese plan es la "actualización" de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, aprobada en 1980 y que ignora, en opinión del Gobierno, la pluralidad existente actualmente en la sociedad española.

Se mostró "sorprendida" por el aluvión de críticas a una medida que aún no se ha adoptado y que, aseguró, será consensuada con el único objetivo de garantizar el pluralismo religioso en todos los ámbitos de lo público, es decir, en hospitales, escuelas o centros penitenciarios, por ejemplo.

El Plan de Derechos Humanos responde a un compromiso electoral del PSOE y una invitación expresa de la ONU a los países desarrollados. Por eso, además de presentarlo en el Parlamento en el próximo periodo ordinario de sesiones, la propia vicepresidenta lo expondrá el lunes ante la Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva York.

Las medidas son a corto, medio y largo plazo, y por ello la intención del Gobierno es constituir a comienzos de año la comisión de seguimiento de ese Plan, que dependerá directamente de la Secretaría de Estado de Asuntos Parlamentarios y Constitucionales.

En ella habrá técnicos del Gobierno, representantes de las ONG y del Defensor del Pueblo y expertos en derechos humanos, que se reunirán al menos dos veces al año para evaluar el cumplimiento del Plan.

El secretario de Estado de Asuntos Parlamentarios y Constitucionales comparecerá ante la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados al final de cada año para dar cuenta de esa evaluación y recoger permanentemente la posición de los grupos políticos.

DENTRO Y FUERA DE ESPAÑA

El plan contiene 40 medidas para desarrollar en el ámbito exterior, y 132 en el interior, algunas de ellas para ampliar las garantías legales de los detenidos, reduciendo el plazo para la asistencia letrada o incrementando las grabaciones en dependencias policiales donde permanezcan detenidos incomunicados.

El Gobierno mantiene también su intención de proponer una Ley Integral de Igualdad de Trato y no Discriminación, y de modificar la de Derechos y Libertades de los Extranjeros en España para garantizar su derecho de reunión, asociación, sindicación o asistencia jurídica gratuita.

En el plan se incluye asimismo el proyecto de Ley de Víctimas del Terrorismo y sus familiares, para reforzar sus derechos en el proceso penal y también su reconocimiento moral y político.

Las prisiones y los centros de internamiento de extranjeros tienen también capítulos específicos, con dotaciones presupuestarias previstas, para incrementar las garantías de los presos y los internados.

Entre las medidas previstas en el ámbito exterior, está el cumplimiento de los Objetivos del Milenio definidos por la ONU, y la lucha contra la pena de muerte y la prevención de la tortura.