Estas disposiciones vienen derivadas de la Ley de Servicios de Atención a la Clientela (SAC), aprobada el pasado mes de diciembre, y tienen como objetivo reforzar la protección de los usuarios frente a las llamadas y SMS comerciales fraudulentos o no deseados, reduciendo riesgos y molestias, según informa en un comunicado el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública

El nuevo rango para las llamadas comerciales comenzará con el prefijo 400, lo que permitirá a los usuarios identificarlas claramente y decidir si desean atenderlas. Esta numeración será bidireccional, de manera que los clientes podrán recibir y realizar llamadas, y el coste no podrá superar el de una llamada normal.

La nueva Ley SAC también establece la obligación de renovar cada dos años los consentimientos otorgados por el usuario para que pueda recibir llamadas comerciales. Asimismo, considerará nulos los contratos efectuados en llamadas comerciales realizadas sin consentimiento previo.

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Por su parte, las llamadas de atención al cliente -aquellas que realizan las empresas para contactar clientes o gestionar contratos en curso-, sólo podrán efectuarse desde los números cortos específicamente atribuidos para ello (por ejemplo, el 1004 de Telefónica), los rangos gratuitos (800 y 900) o los números geográficos.

La Orden Ministerial contra las estafas de suplantación de identidad mediante llamadas telefónicas o envío de SMS, que entró en vigor en marzo del año pasado, ya atribuyó los rangos 800 y 900 para estas llamadas, y también prohibió utilizar numeración móvil. Ahora, mediante esta resolución, se concretan de manera expresa los rangos de numeración que pueden utilizar las llamadas de atención al cliente.

Desde la puesta en marcha del Plan Antiestafas telefónicas y por SMS, en marzo de 2025, los operadores de telecomunicaciones han bloqueado 169,5 millones llamadas y 10,4 millones de SMS con intenciones fraudulentas.

Cuando los números 400 estén plenamente operativos, los operadores bloquearán las llamadas comerciales o de atención al cliente que sean realizadas desde otras numeraciones. Para ello, el texto sometido a audiencia pública establece un plazo de cuatro meses desde la entrada en vigor de las resoluciones.

En el caso de que un usuario acabe recibiendo una llamada comercial o de atención al cliente desde una numeración no autorizada, podrá denunciarlo ante la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones (OAUT) o la CNMC.