Las asociaciones realizaron este lunes sus aportaciones sobre la propuesta que se presentó la semana pasada, que se estudiarán por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La nueva propuesta del Gobierno reducía las cuotas en algunos tramos intermedios (entre 900 y 1.500 euros al mes de ingresos reales), reducía la cuota máxima a los autónomos con más ingresos y elevaba la cuota mínima mejorando a cambio la protección social.

Este lunes se puso el foco en los autónomos con rendimientos inferiores a 700 euros al mes, un colectivo sobre el que el Ejecutivo ofreció información sobre su realidad, como solicitaron las asociaciones.

Tras la reunión, el presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad, insistió en que desde su organización y desde UGT tienen “claro que tiene que bajar el nivel de exigencia contributiva a los autónomos que menos rendimientos económicos tienen”, repartiendo “la carga” para que hagan un “esfuerzo contributivo superior” los que tienen más recursos.

GÉNERO

Por su parte, la vicepresidenta de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), Celia Ferrero, solicitó datos diversificados por género entre los que tienen ingresos por debajo de 700 euros, “ya que puede haber más mujeres” y puede ser necesario “darles un tratamiento específico”.

En todo caso, esta asociación volvió a expresar su rechazo a la propuesta de reforma del sistema, porque “no hay progresividad en los tramos y se producen graves distorsiones y saltos en cuanto al esfuerzo contributivo y la protección asociada”.

Insistió en que se debe determinar qué son los ingresos reales y señaló que hay un 25% del colectivo con rendimientos negativos y cero, debido a las especificidades de los familiares colaboradores y de los autónomos societarios.

“Es decir, con los datos actuales es imposible determinar la capacidad económica real y entendemos que la protección no puede venir determinada por la capacidad de deducibilidad del gasto de los autónomos”, añadió.

La entidad mostró su apoyo a que el sistema entre en funcionamiento de forma paulatina, aunque pidió que no se den pasos sin contar con toda la información en cada momento.

Para los próximos cinco años, reclamó recuperar el SMI como referencia de la base mínima de cotización para personas físicas) optando por un incremento anual de alrededor del 5% por ejercicio. A su juicio, se deben establecer tres tramos de cotizaciones por debajo del SMI.