Así lo asegura el Ejecutivo en una respuesta por escrito enviada al Senado, donde el parlamentario del PP José Monago había preguntado por la decisión del Ejecutivo de convertir esta sede policial en ‘lugar de memoria’, algo pedido hace tiempo por Junts y ERC.

En su pregunta, Monago señala que “diversos documentos oficiales y declaraciones” referidos a la conversión de Vía Laietana en ‘lugar de memoria’ han vinculado estas dependencias “a centros de represión como la Gestapo o la ESMA argentina, una equiparación que genera inquietud por el impacto que puede tener sobre la imagen institucional y la legitimidad histórica de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

Según el PP, “la decisión, además de su simbolismo político, podría afectar a la percepción ciudadana del papel actual de la Policía Nacional y a su consideración como garante de los derechos y libertades en un Estado democrático”.

“SÍMBOLO DE LA REPRESIÓN”

En su contestación, recogida por Servimedia, el Ejecutivo sostiene que “la Jefatura Superior de Policía de Vía Laietana 43 se ha convertido en un símbolo de la represión sistemática llevada a cabo por la dictadura franquista”.

Desde La Moncloa se indica que, por esta comisaría, “pasaron disidentes políticos de todo tipo, así como personas injustamente consideradas por el régimen como fuente de ‘peligrosidad social’”. “Todos ellos fueron detenidos y torturados por su lucha por la libertad y resistencia ante la dictadura, lo que hace imprescindible asegurar que los crímenes cometidos en este lugar, así como el sacrificio de todos los que fueron allí detenidos, no caigan en el olvido”, agrega el Gabinete de Pedro Sánchez.

No obstante, el Gobierno precisa que “corresponde al Ministerio del Interior el mando superior y la dirección y coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y en concreto dirigir, impulsar y coordinar los servicios y los órganos centrales y periféricos de la Policía Nacional”.

Se añade que también corresponde a Interior “la promoción de las condiciones para el ejercicio de los derechos fundamentales, en particular, la libertad y seguridad personales, en los términos establecidos en la Constitución Española y en las leyes”.

Concluye que “el prestigio social y la imagen de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en un Estado de derecho como el nuestro, no se ven afectadas en absoluto por la declaración en cuestión, toda vez que se ajustan a los fines y principios rectores de la acción de los poderes públicos en relación con la seguridad ciudadana (…)”.