El Gobierno atiende así la petición de moratoria de los operadores de telecomunicaciones, que han alegado que la exigencia de estos bloqueos les supone un cambio estructural en el funcionamiento del canal SMS, que gestiona millones de comunicaciones diarias, muchas de ellas vinculadas a servicios esenciales, comunicaciones financieras o avisos administrativos.

La norma, impulsada por el ministerio para combatir las estafas por suplantación de identidad en llamadas y mensajes de texto, establece la obligación de inscribir en un 'Registro de Alias' desarrollado por la CNMC a los remitentes que envían comunicaciones a través de SMS.

En la orden de aplazamiento de la fecha de entrada en vigor, publicada este viernes en el BOE, la cartera que dirige Óscar López justifica el atraso en que “durante el transcurso del periodo de pruebas habilitado al efecto se ha podido constatar de manera fehaciente que el proceso de carga masiva de alias en uso reviste una extraordinaria complejidad no solo desde el punto de vista técnico y operativo, sino también en atención a la concurrencia de una pluralidad de sujetos afectados, cuyas actuaciones han de ser objeto de adecuada articulación y coordinación, en un contexto en el que la inscripción de los alias se encuentra supeditada, entre otros extremos, a la acreditación de la vinculación legítima entre el alias y su titular, así como al cumplimiento de los formatos, requisitos y reglas establecidos en la citada circular”.

"INCIDENCIAS"

“En consecuencia, con la finalidad de posibilitar la correcta culminación del proceso de registro de los alias en uso o futuros y de asegurar la plena operatividad del sistema en su conjunto, se considera necesario proceder a la ampliación del periodo inicialmente previsto”, agrega la orden.

También justifica la prórroga en que “resulta igualmente necesaria a fin de evitar la eventual generación de incidencias que pudieran derivar en el bloqueo indebido de alias legítimamente utilizados, con el consiguiente perjuicio tanto para los intereses de las entidades emisoras de dichos alias como para los derechos e intereses de los ciudadanos, quienes podrían verse impedidos de recibir comunicaciones relevantes o necesarias en el desarrollo de sus relaciones personales, profesionales o administrativas, incluidas aquellas de carácter especialmente sensible o esencial, tales como comunicaciones vinculadas a citaciones, recordatorios o notificaciones en el ámbito sanitario o a la gestión de procedimientos y citas de naturaleza administrativa, cuya recepción resulta necesaria para la adecuada atención de sus obligaciones y derechos”.