El Gobierno asegura que el convenio responde a la constatación de que la explotación y el abuso sexual de niños se cuentan entre las peores formas de violencia contra los niños.

Además, cita a la Agencia de la ONU para la Infancia, Unicef, que ha cifrado en aproximadamente dos millones los niños que son empleados en la industria del sexo anualmente.

El Ejecutivo entiende que este acuerdo también responde a las dimensiones preocupantes, tanto a nivel nacional como internacional, que ha adquirido el fenómeno, especialmente por lo que respecta al uso cada vez mayor de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación por los propios niños y por los infractores.

El convenio recoge como objetivos principales prevenir y combatir la explotación y el abuso sexual de los niños, yproteger los derechos de los niños víctimas de dicha explotación y abuso.

En el texto también se abordan las medidas preventivas, aludiendo a los principios aplicables. Entre ellas figuran la contratación, formación y sensibilización de las personas que trabajan en contacto con niños.

Asimismo, incide en la información que debe impartirse a los niños durante la educación primaria y secundaria sobre los riesgos de explotación y abuso sexual y los programas o medidas de intervención preventiva,

También estipula las medidas dedicadas al público en general y la participación de los niños, el sector privado, los medios de comunicación y la sociedad civil en la elaboración y aplicación de las políticas, programas u otras iniciativas públicas relacionadas con la lucha contra la explotación y el abuso sexual de los niños.

En este sentido, se señala que cada país promoverá la financiación, inclusive, en su caso, mediante la creación de fondos, de los proyectos y programas realizados por la sociedad civil con vistas a prevenir y proteger a los niños contra la explotación y el abuso sexual.

Igualmente, se contienen las previsiones relativas a las medidas de protección y asistencia a las víctimas, alentando a los estados a adoptar las medidas necesarias para facilitar la comunicación a los servicios responsables de la protección de la infancia.

Además, se prevé la creación de servicios de ayuda y la adopción de las medidas necesarias para prestar asistencia a las víctimas a corto y a largo plazo.

Asimismo, se recogen las disposiciones relativas al derecho penal sustantivo, haciendo referencia a la tipificación de determinadas conductas como delito, entre ellos los relativos a la prostitución infantil y pornografía infantil.