Así lo trasladaron fuentes del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, que recordaron que la aprobación definitiva de este nuevo organismo decayó cuando se encontraba en el Senado por la convocatoria de elecciones generales el año pasado y una vez que contó con el apoyo del PP tras incorporar “buena parte” de sus enmiendas.

El pasado mes de diciembre, el Ejecutivo relanzó la nueva Autoridad y la puso en audiencia pública con la intención de acelerar su adopción y que entrara en vigor lo antes posible. Esta norma forma parte de las reformas necesarias para recibir el cuarto pago de fondos europeos por importe de 10.000 millones de euros.

El texto publicado incorpora las modificaciones incluidas en la tramitación parlamentaria y que contaron con el respaldo de la mayoría de los diputados como es la financiación de la nueva Autoridad por parte de las entidades financieras y la posibilidad de recurrir las resoluciones vinculantes que dicte ante la jurisdicción civil.

El Ministerio impulsó la creación de este organismo durante la pasada legislatura para incrementar la protección de los ciudadanos como clientes financieros, aunque la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) consideró que no existe una situación “problemática” con las reclamaciones y la Asociación Española de Banca (AEB) avisó del “riesgo de inconstitucionalidad” de la tasa que tendrá que pagar para financiarla.

La autoridad centralizará los actuales servicios de reclamaciones del Banco de España, la CNMV y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Los ciudadanos podrán presentar reclamaciones ante la nueva autoridad de forma gratuita y ésta deberá resolver en un plazo máximo de tres meses. Sus decisiones tendrán carácter vinculante cuando se diriman importes de menos de 20.000 euros sobre normativa de conducta y en materia de cláusulas abusivas. En el resto de los supuestos (incumplimientos sobre normativa de conducta y en materia de cláusulas abusivas por importe igual o superior a 20.000 euros y sobre buenas prácticas y usos financieros) las resoluciones no serán vinculantes.

El punto que ha generado más polémica es la tasa de 250 euros que deberán pagar entidades financieras y aseguradoras por reclamación recibida. Inicialmente, se definió que se pagara esta tasa independientemente del resultado final de la reclamación y en el parlamento se acordó que el 60% de los gastos de la autoridad a financiar con la tasa se calculen teniendo en cuenta el número de resoluciones favorables al reclamante, y el 40% lo sea en función del número de reclamaciones que reciba cada entidad, penalizando más a las entidades con peores resultados.

Se refuerzan los instrumentos para garantizar la atención personalizada, particularmente a las personas mayores, con discapacidad y colectivos vulnerables que deseen presentar una reclamación. Para ello, quienes los atiendan deberán tener en cuenta aspectos tales como la edad, la situación de discapacidad, la condición de persona extranjera y su situación administrativa. Con este objetivo se elaborará un modelo “sencillo y accesible” para que los ciudadanos detallen sus reclamaciones y que podrán presentar por canales presenciales, telefónicos o telemático.

Finalmente, se incluye expresamente la posibilidad de que las partes puedan someterse voluntariamente una vez iniciado el procedimiento a un mecanismo de conciliación o mediación, aun cuando el cliente ya haya iniciado el procedimiento de reclamación ante la autoridad.

El incumplimiento de las resoluciones vinculantes de la autoridad, así como el cumplimiento tardío o defectuoso, podrá ser objeto de sanción por parte de la autoridad. La autoridad estará adscrita al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.