Según el Gobierno, estas autorizaciones se efectúan en cumplimiento del artículo 14 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y del artículo 20 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Todas estas autorizaciones solo podrán amparar operaciones formalizadas hasta el 31 de diciembre de 2023.

En el caso de la Comunidad de Madrid, se le ha autorizado para poder formalizar operaciones de deuda a largo y a corto plazo, por importe de 5.384,33 millones de euros, de las cuales 3.538,08 serán a largo plazo. La mayor parte de este importe, 2.681,38 millones de euros, se destinan a financiar las amortizaciones de deuda a largo plazo de la Administración General y del organismo autónomo mercantil Agencia de la Vivienda Social de la Comunidad de Madrid.

Por otra parte, Madrid solicitó autorización para renovar las condiciones financieras de la financiación a corto plazo en el marco del convenio de colaboración para la prestación de servicios financieros de tesorería con diversas entidades financieras y para formalizar otras operaciones de deuda a corto plazo destinadas a cubrir las necesidades transitorias de tesorería de empresas públicas por importe total de 1.846,25 millones de euros.

En cuanto a Andalucía, se le ha autorizado a formalizar operaciones de deuda a largo plazo, por importe de 2.961 millones de euros, destinadas a cubrir las necesidades de financiación a largo plazo en mercados financieros.

Por otro lado, el Consejo de Ministros autorizó a la Junta de Castilla y León para formalizar operaciones de deuda a largo y corto plazo por un importe máximo de 2.861,6 millones de euros, de los cuales 1.566,1 millones corresponden a operaciones a largo plazo. De estos 1.287,1 millones de euros serán para afrontar las amortizaciones de deuda a largo plazo.

Por otra parte, la comunidad ha solicitado autorización para la formalización de operaciones de deuda a corto plazo destinadas a atender necesidades transitorias de tesorería y a optimizar los costes del endeudamiento a corto plazo en 2023 de la Administración General y de los entes dependientes que se integran en el sector Administraciones Públicas, que, conforme a sus previsiones, ascienden a 1.300 millones de euros.

A Galicia, el Consejo de Ministros le autorizó a esta comunidad autónoma para formalizar operaciones de deuda a largo y corto plazo por un importe máximo de 2.239,3 millones de euros (1.389,3 millones para operaciones a largo plazo). 1.304,5 millones de euros se corresponden con el importe de las amortizaciones de deuda a largo plazo.

Por otra parte, Galicia ha solicitado autorización para formalizar operaciones de deuda a corto plazo destinadas a la renovación de pólizas de crédito a corto plazo de la Administración General y otras operaciones de crédito a corto plazo de los entes dependientes de la región, por importe máximo de 850 millones de euros.

Asimismo, el Consejo de Ministros también autorizó a esta comunidad para conceder garantías a través de una línea de avales del Instituto Gallego de Vivienda y Suelo, por un importe máximo de cinco millones de euros.

En cuanto a Asturias, el Gobierno le ha autorizado para que pueda formalizar operaciones de deuda a largo y corto plazo por un importe máximo de 1.592,2 millones de euros (715,3 millones para operaciones a largo plazo). 605,7 millones de euros se destinan a financiar las amortizaciones de deuda a largo plazo de la comunidad.

Por otra parte, la región solicitó autorización para formalizar operaciones de deuda a corto plazo para la cobertura de necesidades transitorias de tesorería de 2023, por importe total de 876,9 millones.

Adicionalmente, se ha autorizado a Aragón a formalizar operaciones de deuda a corto plazo, por un importe máximo de 755,7 millones de euros.

Por otra parte, el Consejo de Ministros autorizó a País Vasco a formalizar operaciones de deuda a largo plazo, por un importe máximo de 841,3 millones, destinados a financiar los vencimientos de deuda de la comunidad autónoma y entes dependientes de la autonomía.

En el caso de Navarra, se ha autorizado a la Comunidad Foral a formalizar operaciones de deuda a largo plazo por un importe máximo de 497,2 millones, destinados a financiar los vencimientos de deuda de la comunidad autónoma y entes dependientes incluidos del sector Administraciones Públicas de la comunidad.

También se autorizó a La Rioja a formalizar operaciones de deuda a corto plazo, por un importe máximo de 164,8 millones de euros, que se destinarán a cubrir necesidades transitorias de tesorería tanto de su Administración General, como de otras entidades del sector Administraciones Públicas de la comunidad autónoma, en concreto de la Universidad de La Rioja y de la Fundación Rioja Deporte.