Los trabajadores de las brigadas forestales paralizaron el jueves la huelga que habían iniciado a mediados de julio y hasta el 25 de agosto, con la que pretendían reclamar mejoras laborales.

No obstante, lanzaron una petición a la empresa pública Tragsa y a la Comunidad de Madrid para celebrar este lunes una reunión en la que negociar sus condiciones laborales, después de meses pidiendo mejoras, tanto salariales como de protección de la salud.

A dicha reunión fueron invitados el Gobierno madrileño que preside Isabel Díaz Ayuso; la ministra de Hacienda, María Jesús Montero; el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre; y la gerencia de la empresa contratante, Tragsa. Sin embargo, la reunión no ha llegado a celebrarse porque el Ejecutivo regional esgrime que "no podían convocar a un grupo externo en un centro de trabajo del Ejecutivo regional".

La Comunidad de Madrid reconoció la importante aportación de estos 500 efectivos en el servicio de prevención y extinción de incendios, junto al Cuerpo de Bomberos, y se mostró dispuesta a participar en una futura reunión con sus representantes y con la empresa pública Tragsa, de la cual dependen los salarios de trabajadores de los servicios de extinción de incendios.

El Gobierno autonómico añadió que, según un informe solicitado a la Dirección General de Trabajo, la empresa pública es de quien dependen y con quienes pueden negociar sus mejoras laborales. El Ejecutivo madrileño reconoció la necesidad de estas mejoras salariales y manifestó su voluntad de seguir colaborando en la búsqueda de soluciones.