El portavoz del Gobierno regional recordó, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que la Abogacía General de la Comunidad de Madrid interpuso dicho recurso, en el que también se solicitó como medida cautelar la suspensión del Real Decreto.

García Martín recordó que el Gobierno regional presentó este recurso porque “afecta gravemente a la prestación de los servicios públicos madrileños sin articular mecanismos de financiación y de provisión de medios”. Además, porque “contraviene la normativa de la Unión Europea y afecta a la seguridad nacional”, apostilló.

Por último, el portavoz del Gobierno madrileño señaló que ahora “se ha dado cinco días” a la Administración General del Estado para alegar sobre las medidas cautelares solicitadas por la Comunidad de Madrid.