“Esta ley nació viciada de origen; se hizo sin contar con el Poder Judicial ni las comunidades autónomas, y se aprobó sin financiación, lo que ha supuesto, sólo en gastos de personal para la Comunidad de Madrid, más de siete millones de euros”, lanzó García Martín durante la sesión de control al Gobierno en la Asamblea de Madrid.

Las consecuencias, explicó, “ya las advertimos”. “Ha retrasado y encarecido el acceso a la Justicia para todos los ciudadanos y está colapsando la Justicia debido a una implantación atropellada como consecuencia de esa falta de medios”, destacó.

En este punto, reveló que “en Madrid, las secciones civiles y de instrucción, y en las secciones de violencia contra la mujer han aumentado los asuntos pendientes”. Por ejemplo, ahondó, “en algunos tribunales como Parla, Collado Villalba o Torrejón, hasta un 26%, 30% y 53%, respectivamente”.

De hecho, el consejero recordó que las principales asociaciones de jueces, los abogados y los procuradores han criticado la norma. “Todo lo que cuenta el ministro de los beneficios y los ahorros de la Ley de Eficiencia es una trola, una trola de la factoría del ministro ‘Trolaños’”, aseguró.

“La Ley de Eficiencia es sólo un ejemplo de que Pedro Sánchez no quiere una Justicia con medios; la quiere maniatada y sumisa”, expuso García Martín en la Asamblea madrileña. Tal y como aseveró ayer tras el Consejo de Gobierno, “en Madrid necesitamos urgentemente 140 nuevos jueces y otros 350 más en los próximos cinco años”. “Además de 2.400 nuevas plazas de funcionario, en tres años, para bajar la interinidad, que está en el 38%”, ha declarado. Por tanto, “Bolaños no tiene nada que celebrar, salvo tener el dudoso honor de ser el único ministro de Justicia que ataca e insulta a los jueces”.

Por último, García Martín afirmó que “en la Comunidad de Madrid seguiremos invirtiendo para dotar de más y mejores medios a la Justicia, respetando la independencia judicial y el trabajo de los jueces, y denunciando los ataques al Estado de derecho y a la separación de poderes del presidente Sánchez y de su ministro de Justicia”.