Así lo manifestó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que aseguró que “esta ley es un triunfo de la sociedad civil y de las demandas ciudadanas de hace muchos años y que va a proteger y blindar nuestro Sistema Nacional de Salud de las garras especuladoras y privatizadoras”.

De hecho, continuó, “esta ley responde al lema de ‘La sanidad no se vende, la sanidad se defiende’. En los últimos años hemos asistido a casos obscenos que no deberían formar parte de la vida cotidiana del sistema sanitario público”.

En este sentido, la titular de Sanidad hizo referencia a varias frases publicadas en los medios de comunicación sobre Rivera Salud o Quirón, en la Comunidad de Madrid. “A esto es a lo que le venimos a poner coto”.

De hecho, continuó, “este es un problema estructural que se basa en un marco normativo que ha permitido que la gestión de la sanidad pública pueda tener una orientación hacia el beneficio económico en vez de hacia el cuidado de nuestra salud”.

PRIVATIZACIÓN DE LA SANIDAD

Además, subrayó García, “hay evidencia científica que habla de los riesgos de la privatización en nuestra sanidad. Un estudio de la Universidad de Oxford, publicado en ‘The Lancet’, relacionaba la privatización con el aumento de la mortalidad evitable y se dejaba a los hospitales públicos sin recursos para tratar a los pacientes complejos”.

Igualmente, este estudio señalaba que “estos modelos privados fragmentan el sistema y hacen que las administraciones públicas pierdan el control y tienen consecuencias en la calidad de la asistencia de los pacientes con el aumento de infecciones y el aumento de la mortalidad evitable”.

Por lo tanto, remarcó la ministra, “esta ley pone fin a esta deriva y cierra la etapa que abrió la ley 15/1997 que permitió que entrara el lucro en la gestión pública. Esta norma establece que la gestión pública directa es la forma preferente de gestión del Sistema Nacional de Salud”.

A todo esto, aclaró que “esta ley no va contra fórmulas sin ánimo de lucro de colaboración pública-privada que son sanos. Por el contrario, pondrá coto a esos modelos de colaboración que han detraído recursos públicos para engrosar las carteras de determinadas empresas”.

LEY PACIENTES

Por otro lado, Mónica García anunció la aprobación del anteproyecto de Ley de las Organizaciones de Pacientes, una iniciativa legislativa orientada a reforzar su papel institucional en el Sistema Nacional de Salud y reconocer, por primera vez, su singularidad jurídica y su función como agentes clave en la defensa de los derechos e intereses de pacientes, familiares y personas cuidadoras.

De hecho, indicó, “el sistema sanitario no puede tomar decisiones al margen de los pacientes. Su voz nos parece fundamental y, hasta ahora, solo se escuchaba desde las administraciones desde un punto de vista voluntarista. Por ello, no solo deben ser escuchados sino formar parte de la toma de decisiones”.

Desde ahora se quiere “un marco jurídico que reconozca su papel, sus derechos y responsabilidades. Hay que tener en cuenta que los fallos en el sistema son detectados por los pacientes, por lo que deben formar parte del Sistema Nacional de Salud”.