El 3 de octubre de 2012, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Justicia (actualmente Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes), el de Hacienda y Administración Pública (actualmente de Política Territorial y Memoria Democrática), el del Interior y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) suscribieron un Acuerdo Marco de Colaboración por el que se estableció el protocolo a seguir en la aprehensión, análisis, custodia y destrucción de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas. Tres años después se unieron la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.

Se trataba de un acuerdo y una guía de actuación que buscaba dar solución a la “problemática” que generaba la “incautación de importantes cantidades de droga” en lo referente a su custodia y almacenamiento, así como en las diferentes fases de la investigación hasta su “definitiva destrucción”.

Entonces, ya se hacía referencia a que, “en muchos casos, la acumulación sobrepasa la capacidad de los depósitos previstos y el desbordamiento obliga a que una parte importante de los alijos sean custodiados en lugares inapropiados”, lo que impedía su “óptima conservación”. Además, se avisaba de que por “el volumen y la complejidad de los asuntos, la tramitación de los procedimientos penales” prolongaba el tiempo de depósito “más allá de lo deseable”. Todo ello provocando, además, unos “elevados costes para la Administración”.

Por ello se estableció ese primer protocolo para “abordar la problemática” relativa a la documentación, toma de muestras, cadena de custodia y conservación. El objetivo era el de agilizar lo máximo posible todo el proceso de cara a una más rápida destrucción de los alijos. Y para ello, una de las claves era la coordinación entre las distintas autoridades y organismos intervinientes, desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al juez.

De ahí que se elaboraran dos guías de actuación, estando vigente en la actualidad la segunda, de 2018, y su adenda específica para la gestión de los alijos de plantas de cannabis, cada vez más frecuentes.

LOS PROBLEMAS PERSISTEN

Sin embargo, a día de hoy, el Gobierno deja claro que, “transcurridos más de diez años” de la firma de ese acuerdo, “los problemas analizados siguen, no obstante, persistiendo, al tiempo que aparecen nuevas dificultades que precisan asimismo de respuestas uniformes y coordinadas”. Es por ello que ve “imprescindible fijar un nuevo marco de colaboración” que “garantice que las partes puedan continuar trabajando en los problemas derivados de la incautación, almacenaje, análisis y destrucción de estas sustancias”.

Porque, recuerda, estas incautaciones “ocasionan multitud de problemas” y, entre otros, generan “dificultades logísticas por no contar con los depósitos suficientes”.

Así que el pasado 3 de diciembre, la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló; el entonces fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz; el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo Palacio; la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo; el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España; el presidente de la AEAT, Jesús Gascón; la directora de la Aemps, María Jesús Lamas, y el delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Ramón Villalbí, se reunieron para suscribir ese nuevo un convenio para fijar mecanismos de cooperación y coordinación que solucionen esa problemática aún no resuelta y los nuevos retos.

Así, deberán elaborar una nueva guía práctica que sustituya a la actual, para lo que se creará una comisión de seguimiento que se reunirá, al menos, una vez cada semestre. Esta, además de la elaboración de protocolos de actuación y guías, tendrá entre sus funciones la realización de recomendaciones a cualquier organismo relacionado con esta problemática, “incluidas propuestas de reforma legislativa”.

Además, analizará mecanismos que agilicen el análisis y la destrucción de las drogas (pudiendo formular propuestas legislativas), fomentará el establecimiento de canales de comunicación más eficaces entre las administraciones y tratará de “facilitar la labor” de los intervinientes en la persecución de los delitos contra la salud pública para que la investigación “se realice del modo más eficaz”.

El nuevo convenio, que no supone incremento de gasto público, tendrá una vigencia de cuatro años, aunque podrá prorrogarse por hasta cuatro años más.