Al término de su comparecencia en la Comisión de Trabajo e Inmigración, el ministro de este área, Celestino Corbacho, afirmó que tiene "plena confianza" en que el real decreto ley "será convalidado".

Sin embargo, auguró que "la discusión vendrá despúes sobre si se tiene que seguir tramitando como proyecto de ley". En este sentido, afirmó que "la posición del ministro es que el real decreto se convalide como tal y no se tramite como proyecto de ley", ya que esto retrasaría su aprobación definitiva.

En su opinión, las medidas deben aprobarse como real decreto ya que son "de carácter urgente y muchas de ellas finalizan el 31 de diciembre de 2009", lo que implica que "tienen una vigencia temporal".

Sin embargo, entre los grupos parlamentarios hay una división, y mientras algunos, como ERC, no darán, en principio, su apoyo al real decreto; otros, como PP o CiU, lo harán siempre y cuando se tramite como proyecto de ley.

CIERTA CONTRADICCIÓN

Para Corbacho, esta exigencia de que se tramite como proyecto de ley supone una "cierta contradicción, ya que son medidas muy urgentes y transitorias, pero es un debate parlamentario y estoy seguro que quien considere que debe tramitarse como proyecto tiene sus razones".

Por otro lado, el ministro aseguró que estas medidas, que no cuentan con el consenso de los agentes sociales, son "a corto plazo y urgentes" y añadió que, una vez aprobadas, "la mesa de diálogo social debe abordar medidas de más largo recorrido".

Asimismo, Corbacho se mostró convencido de que el diálogo social seguirá adelante a pesar del momento delicado que atraviesa, sobre todo después de la ruptura de las conversaciones entre sindicatos y empresarios para la renovación del Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva (AINC).

En este sentido, admitió que "el Gobierno no tiene un plan 'B" por si fallan las negociaciones con sindicatos y patronales, ya que asegura que el Ejecutivo "no contempla el fracaso del diálogo social", ya que "las partes que lo hacen posible lo han reiterado y lo han puesto de manifiesto".

Además, contestó a "todos aquellos que piden una reforma laboral" que no va a haber una iniciativa de este tipo "si no es en el marco del consenso del diálogo social".

También se mostró "convencido" de que el diálogo social del futuro "seguirá siendo tripartito", es decir, que no quedará excluida ninguna de las partes.

En esta línea, aseguró que, "objetivamente", las organizaciones empresariales "deberían ser las primeras interesadas en que el diálogo social fructifique", ya que una situación de conflicto social les provocaría graves perjuicios en su actividad.

HUÉRFANO

En respuesta a las palabras del ministro, el diputado del PP José Ignacio Echániz le acusó de comparecer en la comisión parlamentaria "huérfano de resultados, como huérfano está el Gobierno de medidas".

En este sentido, aseguró que llega al Congreso "con las manos vacías, sin un pequeño avance que pueda tranquilizar a los ciudadanos".

Además, acusó al Ejecutivo de equivocarse al tratar al diálogo social "como un fin y no como un medio" y de utilizarlo como "una excusa para no tomar medidas, para no gobernar, para subcontratar la labor del Gobierno a los agentes sociales".

Por otro lado, el congresista del PNV Emilio Olabarria afirmó que, aunque la situación de la economía "es mala", también es "susceptible de empeorar".

Además, alertó de que ha habido un cambio radical en el tratamiento por parte del Gobierno del diálogo social entre la pasada legislatura y ésta. En su opinión, en los cuatro primeros años del Gobierno socialista "no se podía tocar ni una coma" de los acuerdos con los agentes sociales que llegaban al Congreso, y ahora es "todo lo contario".

En esta línea, el diputado de CiU Carles Campuzano advirtió al Ejecutivo de que "no pueden pretender fracasar en el diálogo social y que esta Cámara actúe".

Por su parte, el diputado de IU Gaspar Llamazares calificó la evolución del diálogo social entre el Gobierno y los agentes sociales como "frustrante para la gravedad de la crisis" y lamentó que los resultados que se han alcanzado "no se corresponden con las necesidades".

Asimismo, el parlamentario de ERC Joan Tardá criticó la "falta de liderazgo" del Ejecutivo en el proceso de diálogo social, mientras que la diputada de NaBai, Uxue Barkos, pidió al Gobierno "medidas nuevas, medidas estructurales y un cambio de chip".