Así figura en el Plan Estratégico Nacional contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos 2021-2023, que fue presentado este miércoles por el Ministerio del Interior a organismos públicos y ONG que actúan en este campo.

Según informó Interior, una de las prioridades del Plan es la “detección y prevención de la trata de seres humanos”, algo que incluye “sensibilizar a la población en general, en especial a las personas que demandan los servicios por los que las víctimas son explotadas, debe permitir en el medio y largo plazo acabar con dicha explotación”.

En este apartado, entre las medidas que se tomarán están “potenciar la detección de posibles casos de trata y explotación de personas” y “desincentivar la demanda de servicios de víctimas de trata y explotación”.

Al mismo tiempo, Interior destacó que el Plan establece cinco objetivos prioritarios y dieciséis líneas de acción que afectan tanto a instituciones públicas como al tercer sector y cuyo objetivo es permitir un abordaje multidisciplinar e integral de este fenómeno criminal grave y de enorme complejidad.

“PLAN AMBICIOSO”

El secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, explico el diseño definitivo de la estrategia a los representantes de los distintos organismos públicos y entidades especializadas de la sociedad civil que participan en las reuniones de seguimiento la Relatoría Nacional Contra la Trata de Seres Humanos, organismo que lidera el Ministerio del Interior.

“Es un plan ambicioso que pretende cubrir no solo la lucha contra este delito, sino también la adecuada asistencia y protección a sus víctimas”, apuntó el secretario de Estado, que el pasado mes de noviembre ya había informado de su contenido al Consejo de Seguridad Nacional

Al mismo tiempo, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco) ha coordinado la elaboración del plan, en el que han participado expertos de siete departamentos ministeriales, así como del Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado

Este grupo de trabajo ha contado con la colaboración y aportaciones también del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; la Representación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur); la Oficina para España de la Organización Internacional del Trabajo; la Organización Internacional para las Migraciones en España, así como la Red Española contra la Trata de Personas, que aglutina a más de treinta organizaciones vinculadas a la lucha contra la trata y a la asistencia a sus víctimas.