Así se expresó Puente en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros en la que se dio el visto bueno al anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible para poder reiniciar su tramitación parlamentaria con el objetivo de que las Cortes puedan culminarla antes de que concluya 2024, tal y como se acordó con la Comisión Europea.

“Volvemos a empezar tomando como referencia ese texto que ya se tramitó en el Parlamento y que decayó por la convocatoria electoral”, explicó el ministro, quien recordó que esta ley está vinculada con la recepción de fondos europeos.

Por ello, afirmó que “es tremendamente necesaria” y justificó que se vaya a tramitar de forma urgente en las Cortes, donde el Ejecutivo está abierto a introducir mejoras a través de enmiendas.

A este respecto, mostró su confianza de que obtenga “un alto grado de consenso ya que en su anterior tramitación se atisbaba la posibilidad de un gran acuerdo, de que hubiera muchas fuerzas políticas que se sumaran”.

Además, defendió su importancia por su vertiente económica, social y medioambiental y recordó que el transporte supone el 13% del gasto de los hogares, crea más de 800.000 empleos en España y es responsable del 29% de las emisiones de CO2, cinco puntos por encima de la media europea.

Entre sus principales objetivos, señaló que “reconoce la movilidad como un derecho ciudadano porque de ella dependen el ejercicio de derechos fundamentales como el del trabajo o la salud”; que impulsa el proceso de e transformación de las ciudades para reducir el uso del coche; que fomenta el uso del tren para mercancías en lugar del camión, y que mejorará la eficiencia del gasto al exigir la rentabilidad socioambiental de actuaciones como los soterramientos.

CONTENIDO DE LA LEY

Sobre sus aspectos más polémicos, explicó que no incluye nada sobre el pago por uso de las autovías ni sobre las zonas de bajas emisiones, que habilita pero no obliga a poner peajes en las ciudades y que exigirá que las empresas con más de 500 empleados o con turnos de 250 aprueben planes de movilidad sostenible, algo que según el ministro ya lo están haciendo “por conveniencia”.

Estos planes se consideran una herramienta imprescindible para avanzar en el impulso de la movilidad sostenible en los trayectos de ida y vuelta al trabajo. Las empresas podrán optar por distintas alternativas como potenciar la movilidad activa, la eléctrica, la compartida o el transporte colectivo o bien apostar por flexibilizar los horarios de entrada y salida y el teletrabajo.

La norma regulará también soluciones innovadoras como el transporte a la demanda, los coches compartidos, el uso temporal de vehículos o la regulación básica del vehículo autónomo, y fomentará la digitalización y la promoción de datos abiertos tanto de administraciones, como de gestores de infraestructura y de operadores públicos y privados.

En este sentido, incluye la creación del Espacio de Datos Integrado de Movilidad (EDIM), donde empresas de transporte, gestores de infraestructuras y administraciones compartirán sus datos, lo que permitirá optimizar la toma de decisiones de todos los actores a la hora de planificar la ejecución de nuevas infraestructuras y la puesta en marcha de nuevos servicios.

Paralelamente, se crea un sandbox de movilidad para probar soluciones innovadoras en un espacio controlado de pruebas y facilitar su llegada al mercado. También recoge los principios que deberán seguir las administraciones para regular y promocionar la introducción de los vehículos autónomos, en todos los modos, priorizando la seguridad, la sostenibilidad ambiental, los derechos de las personas y fomentando la colaboración público-privada. En el caso de automóviles autónomos, el texto establece una ventanilla única para facilitar que se realicen pruebas en vías públicas.

Para lograr estos objetivos, la ley crea el Sistema Nacional de Movilidad Sostenible que facilitará esta coordinación, Consta de varios instrumentos: un foro de cooperación entre todas las administraciones, el Foro Administrativo de Movilidad Sostenible; un órgano consultivo para facilitar la cooperación de éstas con el sector y los usuarios, el Consejo Superior de Movilidad Sostenible; y un documento estratégico de orientaciones para la planificación de una movilidad sostenible elaborado de forma coordinada con todas las administraciones (Domos).

“Se trata de poner la movilidad a la altura de las infraestructuras”, concluyó Puente, quien sentenció también que “es un paso adelante muy importante para la descarbonización”.